Caso Procultura: Orrego cuestiona a la fiscalía por “gravísimos errores de hecho y de derecho” tras nueva suspensión de audiencia

La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó la suspensión de la audiencia fijada para el próximo 12 de febrero, en la que la Corte de Apelaciones de Santiago debía revisar la solicitud de desafuero en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del denominado caso Procultura.

Ante el tribunal de alzada, el fiscal Cristián Aguilar presentó un escrito en el que invoca el artículo 165 N° 5 del Código de Procedimiento Civil y otras normas pertinentes para pedir la suspensión de la vista de la causa programada para las 8:30 horas de esa jornada. En el documento, el Ministerio Público solicita que se fije una nueva fecha para que la Corte se pronuncie sobre el requerimiento de desafuero.

La audiencia tenía como objetivo que el tribunal resolviera si procede levantar la inmunidad del gobernador regional, a raíz de sus presuntos vínculos con el caso Procultura, investigación que ha generado amplio interés público y político.

Es en ese contexto que la autoridad acusó a la fiscalía de “gravísimos errores de hecho y de derecho” a la hora de proceder con la formulación de cargos en su contra. “Estamos tranquilos y absolutamente confiados de que cuando podamos discutir esto en la Corte de Apelaciones, esta instancia jurídica nos va a dar completamente la razón”, afirmó Orrego.

Por otro lado, calificó de “lamentable” la suspensión de esta instancia. “Nos parece inexplicable e incomprensible que luego de más de dos años de investigación y transcurridos cerca de seis meses desde que se formuló esta acusación, ellos estén una vez más suspendiendo la audiencia. Este es un tema que tiene que zanjar el tribunal competente, que es la Corte de Apelaciones de Santiago, y esperamos que la Fiscalía de Antofagasta no vuelva a suspender esta audiencia”.

“Es allí donde vamos a demostrar los errores que han cometido y, lo más importante, el absoluto buen proceder del gobierno regional desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético”. añadió.

Entre los motivos señalados por el gobernador está la responsabilidad de la fiscalía “de llevar a cabo esta investigación” en Antofagasta cuando, a su juicio, “correspondía hacerlo en Santiago, además de un conjunto de otras confusiones que ha hecho en materia de leyes y las instituciones jurídicas que invoca”.

Así, reiteró que “esos errores de hecho y de derecho que van a demostrar nuestra absoluta inocencia y apego al derecho es lo que vamos a demostrar en los alegatos. Y lo único que le pido a la Fiscalía de Antofagasta es que no vuelva a suspender la audiencia”.

Cabe destacar que, de ser acogida la solicitud de desafuero, Claudio Orrego quedaría suspendido de sus funciones como gobernador regional y podría ser sometido a investigación penal en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano, sin las prerrogativas que otorga el cargo.

En caso contrario, si la Corte rechaza la solicitud del Ministerio Público, la autoridad regional podrá continuar ejerciendo su mandato sin las restricciones propias de un proceso judicial de esta naturaleza, mientras la Fiscalía evalúa los pasos a seguir en la investigación.

Sobre la filtración de presuntos chats con Alberto Larraín, uno de los involucrados en el caso Procultura, el ex demócrata cristiano recalcó: “La fiscalía está acusando al gobierno regional y a mí en particular de delitos gravísimos. No de chats, sino de delitos gravísimos. Y en el ejercicio de su función investigadora ha cometido gravísimos errores. Esos errores son los que vamos a demostrar en el alegato de desafuero. Ahora, yo no voy a litigar por la prensa. Voy a litigar en los tribunales“.

“Lo único que le pido a la Fiscalía de Antofagasta es que no vuelva a suspender la audiencia. Porque si tiene argumentos después de dos años y medio, el lugar para hacerlo no es a través de filtraciones en los medios de comunicación. Es a través de los tribunales”, puntualizó.

Por ahora, la Corte de Apelaciones deberá resolver primero la petición de suspensión y definir una nueva fecha para la audiencia en que se revisará el desafuero solicitado por la fiscalía.