En los últimos días hemos presenciado el rechazo de un paquete de medidas legislativas de lo más heterogénea. Esto obligó al Gobierno a fragmentar el hasta ahora inquebrantable «escudo social» en dos nuevos reales decretos: uno para las pensiones y otro para regular en materia de vivienda frente a situaciones de vulnerabilidad social. Sobre el segundo de ellos, su medida estrella es la moratoria antidesahucios, enmarcada en el nuevo Real Decreto ley 2/2026, de 3 de febrero. La traducción jurídica de esta medida supone la suspensión de los procedimientos de desahucio en curso hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que se declare la vulnerabilidad del inquilino. Dejémoslo claro: el problema principal es que traslada a los propietarios, -en...
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