Miembro de la UE y también del espacio Schengen, que garantiza el libre movimiento de personas, Suecia comienza a aplicar a partir de junio nuevas y severas restricciones para contener la inmigración y dificultar la obtención de la ciudadanía. Ocho años de residencia, tres más que hasta ahora, tendrán que acreditar quienes pretendan integrarse en una sociedad ante la que, además, tendrán que rendir cuentas salariales, con una renta mensual de al menos 1.900 euros, y demostrar su conocimiento del idioma, la sociedad y las instituciones del país. Modelo de socialdemocracia y faro del buenismo durante décadas, Suecia no cierra la puerta a quienes llegan de fuera, pero refuerza las exigencias para garantizar su integración. Miembro de la UE y también del espacio Schengen, España hace justo lo contrario y anuncia una regularización masiva, por la vía de urgencia y sin apenas trámites, con la que Pedro Sánchez antepone su interés personal, agitando las aguas del radicalismo, al bien común.
