La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
La Ley de Propiedad Horizontal regula la convivencia y los derechos de los propietarios en comunidades de vecinos, estableciendo obligaciones comunes y garantizando la participación de todos en las decisiones que afectan al edificio. Su aplicación abarca situaciones cotidianas como el mantenimiento de zonas comunes, la reparación de goteras o la limpieza de portales, donde cada propietario debe contribuir económicamente según su cuota de participación. Esta normativa asegura que los gastos y responsabilidades se distribuyan de manera equitativa y que la comunidad funcione de forma ordenada.
Además, este marco legal interviene en cuestiones que afectan a la seguridad y accesibilidad del edificio, como la instalación de sistemas contra incendios, rampas o ascensores. Las juntas de propietarios utilizan esta legislación para aprobar obras y mejoras necesarias, resolver conflictos entre vecinos y garantizar que todos contribuyan a los costes de los servicios comunes. En la práctica, la Ley combina los intereses individuales con las necesidades colectivas dentro de un marco legal claro. Sin embargo, existen excepciones desconocidas para el público general como, por ejemplo, que un propietario es capaz de obligar a instalar un ascensor sin contar con el consentimiento del resto.
Un vecino puede obligar a instalar un ascensor
El tema principal que ahora preocupa a muchas comunidades es la posibilidad de que un solo propietario pueda obligar a toda la comunidad a instalar un ascensor. Según la Ley de Propiedad Horizontal, esta obligación puede activarse en situaciones en las que la obra responde a necesidades de accesibilidad para vecinos mayores de 70 años o con discapacidad. La jurisprudencia ha confirmado que estas situaciones son legítimas y que un propietario puede iniciar el proceso incluso frente a la oposición de otros vecinos.
Para que este derecho se pueda aplicar, deben cumplirse varios requisitos. La obra debe responder la solicitud de un vecino con las características físicas ya mencionadas, y se aplicará dicho derecho siempre que el coste no supere una cuota anual para cada propietario. Además, se deben respetar las exenciones previstas en los estatutos y seguir los procedimientos legales de la junta de propietarios cuando corresponda. La ley establece que si el coste no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes por propietario, no es necesaria votación y, por tanto, no se necesita mayoría.
¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre este derecho?
Varios artículos de la Ley de Propiedad Horizontal intervienen en esta cuestión. El artículo tres define los elementos comunes y privativos, el artículo siete establece la obligación de todos los propietarios de contribuir a los gastos comunes y el artículo nueve regula la conservación y mejora de los elementos comunes. Sin embargo, es el primer apartado del artículo diez, el 10.1, el que suscribe estas condiciones. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo complementa esta regulación, confirmando que un propietario puede forzar la instalación de un ascensor cumpliendo los requisitos legales.
El coste de la obra se distribuye proporcionalmente entre todos los propietarios según su cuota, y la ley establece límites y procedimientos para garantizar equidad. La obligación de pagar se mantiene aunque algunos vecinos no soliciten la obra o no utilicen el ascensor, salvo exenciones explícitas en estatutos. Esto asegura que las mejoras de accesibilidad no queden bloqueadas por la oposición de algunos propietarios y que el edificio evolucione en función de las necesidades reales de sus habitantes.