Frente a la Corte de Antofagasta: Contraloría defiende petición de datos sensibles de usuarios de programas trans

Radio y Diario Universidad de Chile tuvo acceso a la respuesta que entregó la Contraloría General de la República a uno de los recursos de protección interpuestos en su contra a raíz de la petición de datos sensibles de personas trans que se atienden en programas estatales. En el marco de la auditoría que están realizando a los Programas de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y de Salud Trans, el organismo solicitó a todos los servicios de salud del país datos como el nombre social y registral, identidad de género y sexo registral de los usuarios. 

Contraloría respondió a este recurso interpuesto por una persona usuaria ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en un documento firmado por el Contralor General de la República (S), Víctor Hugo Rojas. Desde el organismo defendieron su requerimiento señalando que está dentro de sus atribuciones constitucionales y legales pedir esta información. Además, desestimaron el argumento de la acción judicial e indicaron que sería una “hipótesis errada” el presumir que el ente fiscalizador “divulgará información o datos sensibles”.

La institución enfatizó en que la fiscalización que busca concretarse “no recae sobre personas naturales”, sino que tiene por objeto auditar a los programas antes mencionados. En el documento se explicó que ese trabajo incluye no solo aspectos financieros sobre la correcta ejecución de gastos públicos, sino también “la verificación de que las personas beneficiarias de los programas públicos, sean niños, niñas y adolescentes o adultos, fueron oportuna y debidamente atendidos; que se les notificó de sus derechos; que la prestación otorgada corresponde a la comprometida en el respectivo programa”, entre otros puntos.

Por lo anterior, consignó el ente contralor, “la única forma de evidenciar tales aspectos en la fiscalización es conociendo el nombre, rut y datos de las personas beneficiarias. Ello, con la exclusiva finalidad de confirmar que, efectivamente, el órgano público atendió a los interesados, cómo y cuándo lo hizo, y si las prestaciones o atenciones involucradas se otorgaron en la forma prevista, entre ellas, en lo que concierne al suministro de medicamentos”.

La institución indicó que cuentan con la tecnología y el historial que respalda la protección de los datos. “Por lo mismo, es posible afirmar con total certeza que esta Contraloría General jamás ha publicado información que tenga carácter de reservada o secreta, ni tampoco existe situación alguna en que se hubiere filtrado desde esta Entidad de Control data que posea tal carácter”, se lee en el documento.

Además, insisten en que esta no es una petición nueva, pues para realizar su labor manejan datos como nombres, números de cédula de identidad, domicilio, condiciones de salud y listas de espera hospitalaria, entre otros detalles. Explican también que el secreto y la reserva no obstan a que se les proporcione la información y que la misma obligación pesa también sobre la misma institución. 

“Atendidos los antecedentes y consideraciones expuestas, y teniendo presente las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, así como las atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora, se solicita a ese Excelentísimo Tribunal que desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos”, concluye el documento.

Cabe destacar que fuentes conocedoras del tema indicaron ejemplos en que se solicitaron datos sensibles, entre ellos, la información referida a los procesos de trasplante y procuramiento de órganos en el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna; o el caso de la auditoría sobre los procesos y controles de la Dirección Regional del Maule del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en el marco de la ejecución de los programas de diagnóstico ambulatorio y de reparación en casos de maltrato y abuso sexual grave.

Se suma el ejemplo de la información sobre el cumplimiento de la ley de aborto en tres causales en el Hospital Santiago Oriente Doctor Luis Tisné Brousse y en el Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente; además del proceso de otorgamiento de prestaciones quirúrgicas de la lista de espera No GES del Hospital Clínico Metropolitano de La Florida “Dra. Eloísa Díaz Insunza”.

“Es vulneratorio”

“Me parece rescatable que los recursos que se han interpuesto hayan tenido ese resultado (que se hayan acogido) en razón de encontrar finalmente que el requerimiento de Contraloría es vulneratorio de los derechos fundamentales de las personas trans y también de la niñez”, señaló a presidente de Organizando Trans Diversidades (OTD, Ignacia Oyarzún en primera instancia.

La también abogada indicó que el ente fiscalizador no necesita tal nivel de detalle para realizar su labor. “Preguntar por nombre social y por nombre registral, así como sexo de la persona, son datos irrelevantes para cumplir su función, puede perfectamente cumplirla con los datos anonimizados o con las estadísticas que requiere para poder llevar adelante sus funciones”, dijo. 

Oyarzún afirmó que no se oponen a la labor del organismo, sino que su petición pasa a llevar “los derechos fundamentales de comunidades históricamente vulneradas, entonces, es una información tan delicada que Contraloría no debería poder pedir”. 

Sobre la posibilidad de que la justicia definiera que deben entregarse los datos a al ente contralor, la presidenta de OTD, dijo que sería “lamentable desde el punto de vista del resguardo de los derechos fundamentales que hace la institucionalidad chilena, particularmente desde el Poder Judicial”. 

“No debiese ocurrir, entendiendo que Chile ha suscrito diversos tratados internacionales sobre derechos humanos que los protegen, no hablamos solamente de los derechos fundamentales y tratados internacionales que ha suscrito Chile, como el Pacto de la Consejería de Costa Rica o incluso también el Pacto sobre los Derechos de la Niñez, sino que también leyes internas de la República, como la Ley sobre los Derechos y Deberes del Paciente, que establece este derecho a la confidencialidad y que todas las personas que se tengan atención o reciban atención en el sistema público de salud, tengan este resguardo de su identidad precisamente porque son datos tan sensibles que no deben vulnerarse en ningún sentido”, enfatizó Oyarzún.