Caso Procultura: Fiscalía presiona por presión preventiva para imputados y detalla conexiones entre Larraín y Orrego

En el marco de la investigación penal conocida como Caso Procultura, la Corte de Apelaciones de Santiago revisó la apelación presentada por el Ministerio Público contra la decisión que dejó en libertad, con medidas cautelares de menor intensidad (principalmente arraigo nacional), a varios de los imputados formalizados por presunto fraude al fisco y otros delitos conexos. La fiscalía buscó revertir esta resolución y obtener medidas cautelares más gravosas, incluida la prisión preventiva.

Luego de una extensa audiencia, la Corte de Apelaciones resolvió suspender la sesión para tomar la decisión definitiva este jueves 12 de febrero a partir de las 10:20 AM.

Cabe recordar que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó, el 3 de febrero de 2026, la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público en contra de los imputados del caso Procultura. El tribunal decretó en cambio arraigo nacional para Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno.

Durante su exposición ante la Corte, el fiscal Cristián Aguilar centró su argumentación en la existencia de vínculos personales, laborales y políticos previos entre los imputados y autoridades regionales, en particular el gobernador Claudio Orrego, los que, a su juicio, permitieron generar las condiciones para la posterior transferencia de recursos.

“Este caso no puede entenderse sino es que no se toma en consideración los vínculos previos que existían de forma anterior a la comisión del delito: vínculos laborales, de amistad y políticos”, expuso el fiscal.

Según detalló, estos lazos se remontan al período en que Claudio Orrego fue alcalde de Peñalolén, instancia en la que Alberto Larraín habría sido contratado y posteriormente respaldado políticamente.

Entre los antecedentes de este caso, Aguilar también cuestionó la idoneidad de Procultura para ejecutar el proyecto de prevención del suicidio, enfatizando que la fundación no tenía experiencia acreditada en el área.

“La fundación Procultura no tenía experiencia en materia de prevención al suicidio… Tampoco mantenía giros en el Servicio de Impuestos Internos vinculados a esa materia”, advirtió.

Asimismo, recalcó que la administración financiera estaba concentrada en una sola persona, la gerenta María Constanza Gómez, quien contaba con amplios poderes.

Según el Ministerio Público, este esquema facilitó el uso discrecional de los fondos y debilitó los mecanismos internos de control.

Frente al argumento de que no existiría lucro personal, Aguilar sostuvo que el delito de fraude al fisco no exige ese elemento. En esa línea, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Nicolás Chacana, reforzó el alegato de la fiscalía desde la perspectiva del perjuicio patrimonial al fisco.

“Estamos ante un actuar sistemático para acceder a patrimonio público de forma indebida”, aseguró el abogado, agregando que “existe una concentración de las decisiones financieras en dos personas particulares” y que se captaban “fondos públicos mediante trato directo, aprovechando esta relación cercana”.

Por el lado de la defensa, el abogado Cristián Arias, en representación de Alberto Larraín, rechazó de manera categórica la tesis del Ministerio Público y sostuvo que no existe un esquema defraudatorio en la asignación de recursos a Procultura.

Desde el inicio de su alegato, Arias planteó que la fiscalía parte de una premisa errónea. “Vamos a decir categóricamente aquí no hay un fraude al fisco. De hecho, no hay un caso de defraudación en términos genéricos”, partió indicando.

Según explicó, los fondos transferidos desde el Gobierno Regional se asignaron conforme a los procedimientos legales vigentes, sin irregularidades en su origen. “Los fondos se hicieron de manera legítima en términos del ítem y procedimiento para su asignación”, defendió Arias.

Esta audiencia continuará su desarrollo este jueves, luego de que se concluyeran los alegatos de todas las partes involucradas, y la Corte de Apelaciones de Santiago deberá resolver si mantiene las medidas actuales o si acoge la solicitud del Ministerio Público de endurecerlas.