Fuentes policiales han « denunciado públicamente» la actuación del concejal de Seguridad de Callosa de Segura (Alicante), Javier Pérez Trigueros, por haber «señalado reiteradamente» en medios de comunicación a varios agentes locales al haber estado de baja laboral . Y han anunciado que estudian acciones legales por no haber respetado su «intimidad». En concreto, el origen de este conflicto surge porque el responsable municipal -exalcalde popular y hoy al frente de un partido local independiente ( UCIN ) que sustenta el gobierno local del PSOE - ha salido al paso de unas críticas en las que se le recriminaba por no haberse «anticipado» a esa falta de recursos humanos en algunos turnos de noche. Pérez Trigueros se ha justificado en la poca antelación con que varios agentes comunicaron que se encontraban « indispuestos », en algunos casos menos de una hora y coincidiendo en las mismas fechas, en días festivos de las pasadas vacaciones navideñas. No obstante, en su extensa exposición ante los micrófonos y cámaras, este responsable municipal ha revelado datos que permiten identificar a los agentes u oficiales, aunque sin nombres y apellidos. De esta manera, ha aludido a ellos «por encontrarse en situación de incapacidad temporal, llegando incluso a identificarlos por su número profesional», según las mismas fuentes, próximas al entorno de los afectados. En la rueda de prensa celebrada el pasado 30 de enero, por ejemplo, afirmó públicamente que «el inspector se da de baja, tiene una baja médica por enfermedad», en referencia inequívoca al único oficial de esa graduación en la plantilla. «Esta afirmación no sólo permite su identificación directa ante la ciudadanía, sino que supone un ataque frontal al derecho fundamental a la intimidad del funcionario afectado», han subrayado. Además, «podría resultar especialmente grave que, con carácter previo a dicha manifestación, el propio concejal destacara que ese inspector había ejercido como Jefe de la Policía Local hasta la incorporación del actual intendente: con esta precisión podría haber dejado entrever su identidad ante la opinión pública, eliminando cualquier posible duda o anonimato» A su juicio, «no es aceptable que un cargo público utilice su posición institucional para exponer la situación médica de un trabajador ante los medios de comunicación», hasta el punto de que aseguran que «revelar públicamente la condición de incapacidad temporal de un empleado público, sin su consentimiento , podría constituir un presunto delito de revelación de secretos». Aunque Pérez Trigueros reitera en varias ocasiones que no cuestiona la «profesionalidad» ni duda de que esas bajas laborales estén justificadas, estas fuentes policiales consideran «inaceptable que se utilice a los medios de comunicación para cuantificar públicamente las bajas de determinados agentes». Han añadido además que el pasado 6 de febrero, «la situación alcanzó un nivel aún más preocupante cuando el concejal volvió a identificar a agentes, esta vez mencionando su número profesional». Como consecuencia de aquella revelación, «uno de los funcionarios fue interpelado por un ciudadano mientras prestaba servicio, preguntándole si era «el que se daba de baja como decía el concejal», evidenciando el perjuicio directo generado por estas declaraciones públicas». En definitiva, han concluido que «la seguridad ciudadana no se garantiza señalando a trabajadores concretos», lo que provoca -a su entender- que «se estigmatice a agentes enfermos». Finalmente, instan al concejal de Seguridad a que «reconsidere su actitud y a cesar inmediatamente en este tipo de manifestaciones, a rectificar públicamente y a asumir la responsabilidad política que le corresponde», sin descartar acciones legales contra él.
