Jueces progresistas fulminan la reforma de la ley de multirreincidencia: "Populismo punitivo"
A Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) no le convence la reforma en trámite del Código Penal para endurecer las penas por multirreincidencia en delitos leves de hurto y estafa y manifiesta su "profunda preocupación" por lo que considera "un retroceso en los principios de proporcionalidad y reinserción que deben regir nuestro ordenamiento jurídico".
En un comunicado, la asociación progresista afirma que el aumento de las penas de prisión para hurtos y estafas que no superan los 400 euros "no aborda las causas estructurales de la delincuencia de baja intensidad".
"La experiencia tras la reforma de 2022 para los delincuentes de hurto multirreincidentes (que hayan cometido un delito de esa naturaleza al menos tres veces y la cuantía supere los 400 euros) demuestra que el endurecimiento punitivo por sí solo no tiene un efecto disuasorio real, pues desde que se aprobó aquella modificación los hurtos han crecido más de un 20%", pone de relieve.
"Amenaza con saturar los juzgados"
Al mismo tiempo, expone que elevar las penas de prisión hasta tres años a conductas que individualmente se consideran de escasa gravedad "supone la vulneración del principio de proporcionalidad y una quiebra de la coherencia interna de nuestro sistema penal".
Por si fuera poco, añade, la reforma "amenaza con saturar los juzgados con procedimientos globalmente más largos y complejos para conductas menores, dificultando la agilidad necesaria para juzgar delitos de mayor gravedad".
La solución a la multirreincidencia, señala, "requiere más recursos materiales y humanos para agilizar la detección, verificación y enjuiciamiento de los supuestos de multirreincidencia y no simplemente elevar las penas".
"Criminalización de la pobreza"
Y recuerda que España posee "los índices de reclusión penitenciaria más altos de la Unión Europea y, en cambio, uno de los índices de delincuencia más bajos". En este sentido, JJpD advierte de que este tipo de reformas punitivas "suelen recaer con especial dureza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, desplazando el foco de las políticas sociales y de prevención hacia el control meramente policial y punitivo, suponiendo una criminalización de la pobreza".
Por todo ello, la asociación progresista insta a los poderes públicos a "abandonar la senda del populismo punitivo y a apostar por una justicia reparadora y eficaz, que dote al sistema de los medios necesarios para dar respuestas ágiles, sin renunciar a los valores democráticos y garantistas de nuestra Constitución".