Nueva agresión a trabajadores penitenciarios en las cárceles valencianas. Este último episodio de violencia en prisión ha tenido lugar en Albocàsser ( Castellón ), donde un interno con patologías psiquiátricas le ha roto la tibia y el peroné a un funcionario, quien tuvo que ser evacuado en ambulancia al hospital junto a otro compañero. Según ha denunciado públicamente el sindicato Acaip-UGT, mayoritario en las prisiones españolas, este viernes un interno ha atacado a varios funcionarios en el módulo de enfermería, resultando tres de ellos lesionados de diversa consideración. La agresión se ha producido a la hora de la comida justo después de que los funcionarios le entregaran su racionado, momento que el reo aprovechó para atacarles sorpresivamente. Indican las mismas fuentes que fue tal la violencia empleada que tardaron aproximadamente cinco minutos en reducirlo, teniendo que acudir varios trabajadores a ayudar a los compañeros. Dos funcionarios han tenido que ser evacuados en ambulancia, el más grave con la tibia y el peroné rotos , mientras que su compañera sufrió contusiones en una mano. El interno llevaba únicamente un día en Albocàsser después de haber sido trasladado desde Picassent, donde en apenas un año había protagonizado cientos de incidentes. Según Acaip-UGT, este nuevo episodio de violencia pone de manifiesto «la nefasta gestión por parte de la Secretaria General con este tipo de internos con patologías mentales que deambulan por los centros penitenciarios sin una atención especifica para ellos». De hecho, en España solo existen dos hospitales psiquiátricos penitenciarios con aproximadamente 400 plazas no siendo suficientes cuando se estima que un tercio de la población reclusa sufre de patologías mentales, según la organización sindical. Esta situación se ve agravada por la escasez de personal médico en las instituciones penitenciarias. Este sindicato ya denunció el pasado año un déficit del 74,65% de médicos en las cárceles gestionadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, lo que implica que 129 médicos son responsables de atender a más 50.000 presos, cuando deberían ser 509 facultativos.
