En pleno escándalo político por las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante, el gobierno de Barcala tiene que virar el foco hacia los tribunales. Pero no por la denuncia presentada por el Ayuntamiento, al igual que hizo la Conselleria de Vivienda, el PSOE y Sumar, ante la Fiscalía Anticorrupción, que ahora se trasladarán a un juzgado, sino por las batallas de dos funcionarios por dos jefaturas del Consistorio alicantino. Dos vistas orales de dos asuntos conectados, con apenas cinco días de diferencia.
