Agentes de la Policía Local de Alicante visitan en las últimas horas «piso por piso» las Viviendas de Protección Pública (VPP) del escándalo por las adjudicaciones a cargos públicos y familiares suyos por orden del alcalde, Luis Barcala (PP). Esta especie de inspección colectiva tiene como fin verificar quiénes las ocupan. Uno de los requisitos básicos para tener derecho a este alojamiento a precio tasado y sensiblemente inferior al de mercado en esa zona residencial de Playa de San Juan -algo más de 200.000 euros, aunque algunos aspirantes aseguran que se les pedía otro tanto dinero negro- es justamente vivir allí. Se trata de evitar la especulación de quienes utilicen la VPP como inversión para realquilar. Hay pocas excepciones a...
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