Desde que INFORMACIÓN desveló hace casi un mes las polémicas adjudicaciones en la primera promoción de viviendas protegidas de Alicante en más de veinte años, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha insistido en el mensaje de intentar investigar a fondo los visados de los 140 beneficiarios para que los pisos lleguen "a quienes tienen que llegar y que absolutamente ninguna de las viviendas pueda quedarse en manos de quien no tenía derecho a ello". Un objetivo, con otras palabras, que también defiende la Generalitat Valenciana tras un escándalo con eco a nivel nacional y que ha marcado la actividad política autonómica y local en las últimas semanas.
