El Gobierno español no ha informado a la Comisión Europea sobre su decisión de hacer obligatoria la baliza V16 para todos los vehículos que circulen por España, tal como determina la legislación comunitaria para los asuntos que pueden afectar a la libre circulación y al mercado interior. Este hecho puede tener graves consecuencias jurídicas, que incluye la posibilidad de que los jueces españoles deban abstenerse de aplicar esta legislación o que Bruselas lleve a España ante la Justicia europea. En la respuesta a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada popular, Dolors Montserrat, el ejecutivo comunitario recuerda que la introducción de requisitos técnicos nacionales específicos «puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio», lo que eventualmente llegaría...
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