La información registral, clave en políticas de vivienda
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y económicos del país. Según el Banco de España, el déficit acumulado de vivienda supera ya las 600.000 unidades, mientras que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Instituto Nacional de Estadística (INE) alertan de un incremento sostenido de los precios del alquiler, especialmente en las grandes ciudades y zonas turísticas. Esta situación afecta de manera especial a jóvenes y colectivos vulnerables, y pone el debate sobre el equilibrio entre derecho a la vivienda, seguridad jurídica y sostenibilidad del mercado inmobiliario.
El Registro de la Propiedad se consolida como pieza clave para la política pública de vivienda
En este contexto, el Colegio de Registradores de España, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), celebró la Jornada sobre vivienda: retos del siglo XXI. El encuentro, celebrado en la sede de Madrid del Colegio de Registradores de España , abordó desde una perspectiva jurídica, social y comunicativa, algunos de los principales retos que afronta el mercado inmobiliario.
El acto fue presentado por Teresa López, directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, quien antes de dar paso a la celebración de las mesas redondas, destacó: "El Registro de la Propiedad se consolida como una pieza clave para toda la política pública de vivienda, incorporando no solo un instrumento de control jurídico, sino también una infraestructura institucional al servicio de la transparencia, la seguridad y el interés general". En relación con la campaña de renovación del Número de Registro Único de Alquiler (NRUA), López señaló que "este modelo informativo anual constituye un mecanismo esencial de análisis y control, y permitirá disponer de datos agregados y fiables sobre el mercado".
Durante la inauguración, tomó la palabra la decana del Colegio de Registradores, M.ª Rosario Jiménez, quien dijo que "la fiabilidad de la información registral es esencial para garantizar la estabilidad y la transparencia del mercado: titularidad, cargas y limitaciones», añadiendo que se trata de «un presupuesto imprescindible para planificar políticas de vivienda, y así lo hemos trasladado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana".
En España existen actualmente cerca de 3,6 millones de viviendas en régimen de alquiler
En su discurso, Jiménez afirmó que "el siglo XXI exige integrar sostenibilidad ambiental, cohesión territorial, innovación digital y equilibrio entre el derecho a una vivienda digna y la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario". Concluyó que «estos desafíos requieren cooperación institucional, rigor técnico y políticas públicas estables y previsibles.
Seguridad jurídica
Tras sus palabras tubo lugar la primera mesa redonda bajo el título: «El Registro de la Propiedad: Herramienta de Seguridad Jurídica en el alquiler de corta duración». Moderada por Miguel Ángel Noceda, presidente de FAPE, contó con la siguiente participación: Pablo Torres Paniagua, secretario general técnico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Ángel Salvador Chacón, director del Servicio Registral de Consumidores y Usuarios del Colegio de Registradores; y Marta Gómez Llorens, directora de Vivienda y RSC del Colegio de Registradores.
Desde la perspectiva institucional, Pablo Torres Paniagua, secretario general técnico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, subrayó que la regulación de los alquileres de corta duración es una prioridad social. "Para más del 40% de los españoles, la vivienda es hoy su principal preocupación, y eso nos obliga a actuar», afirmó. Torres destacó el esfuerzo de España por aplicar el reglamento europeo, convirtiéndose en el primer país en ponerlo en marcha. «En un año se ha logrado más transparencia, más información y una mayor seguridad jurídica en la relación entre particulares, gracias a la intervención de los registradores y al registro único", señaló.
Ángel Salvador Chacón, explicó que el número de registro del alquiler no supone una carga burocrática excesiva. "Es un trámite sencillo que puede resolverse en apenas siete días y que garantiza que el inmueble existe y está correctamente inscrito", aclaró. Según Chacón, el sistema ha detectado unas 80.000 solicitudes denegadas, en su mayoría por defectos fácilmente subsanables, y combatir situaciones de fraude como el uso turístico de viviendas protegidas. "También protege al propietario cumplidor, al reducir la competencia desleal", añadió.
Por su parte, Marta Gómez Llorens, directora de Vivienda y Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores, defendió el carácter complementario del Registro frente a las competencias autonómicas y locales. "No hay que confundir el control administrativo con la seguridad jurídica. Las administraciones regulan el turismo; el Registro protege el tráfico jurídico inmobiliario", afirmó. Gómez insistió en que la función registral, basada en los principios de legalidad y publicidad, es un bien común que ofrece garantías a ciudadanos, empresas y administraciones.
La mesa puso en valor que el refuerzo de los mecanismos de seguridad jurídica en el alquiler de corta duración es esencial para compatibilizar el desarrollo turístico, la sostenibilidad social y el derecho a una vivienda digna.
Licuación patrimonial
Bajo el título "Redefiniendo el Hogar: Licuación patrimonial para una jubilación digna", tuvo lugar la segunda mesa moderada por Anabel Díez, presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, quien expuso cómo las medidas jurídicas, fiscales y económicas permiten transformar el patrimonio inmobiliario en liquidez sin renunciar al uso de la vivienda. Participaron en la conversación, Basilio Aguirre, registrador de la Propiedad; Carlos Colomer, asesor fiscal; y Juan Ángel Lafuente, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Jaume I.
Las administraciones regulan el turismo; el Registro protege el tráfico jurídico inmobiliario
Basilio Aguirre abrió el debate señalando que «el derecho debe estar pendiente de la realidad social», en un contexto en el que las personas mayores de 65 años tienen un peso creciente en la estructura demográfica. "La longevidad es cada vez mayor y eso implica disponer de recursos suficientes para afrontar situaciones de dependencia o enfermedad", afirmó. Aguirre recordó que una gran parte de esta población es propietaria de su vivienda, lo que ha impulsado la recuperación y adaptación de figuras jurídicas tradicionales, como la venta de la nuda propiedad con reserva de usufructo o de derecho de habitación, junto a nuevas modalidades como la venta con arrendamiento vitalicio o fórmulas de convivencia compartida. No obstante, advirtió de los riesgos: "Son operaciones complejas, difíciles de entender sin asesoramiento independiente, y es imprescindible que quien las suscribe tenga claro qué transmite y qué conserva".
Desde la punto de vista fiscal, Carlos Colomer explicó que la licuación patrimonial engloba "un conjunto de operaciones que permiten obtener liquidez manteniendo la vivienda y sin necesidad de abandonarla», pero alertó de la elevada carga impositiva que debe soportar el inmueble en estas circunstancias. "La vivienda es un activo patrimonial, financiero y de inversión, y por eso está gravada por el Estado y las comunidades autónomas", señaló. Colomer subrayó que la coexistencia de hasta siete cargos distintos para un mismo bien genera inseguridad y desconfianza entre los ciudadanos. En cuanto a las figuras más habituales, destacó que la hipoteca inversa es la mejor tratada fiscalmente, aunque su escaso uso —apenas unas 300 operaciones anuales— contrasta con el mayor éxito de la venta con reserva de usufructo, o la cesión de vivienda a cambio de alimentos.
La licuación patrimonial engloba operaciones para obtener liquidez y mantener la vivienda
El catedrático Juan Ángel Lafuente aportó una visión macroeconómica y advirtió de que "las pensiones no van a ser capaces de soportar por sí solas el aumento de la longevidad». En un mercado inmobiliario tensionado, con un déficit estructural de oferta y fuertes incrementos de precios «no existe un producto mejor que otro, sino soluciones que deben adaptarse a las necesidades de cada familia". A su juicio, el desarrollo de estas fórmulas requiere grandes operadores, productos diversificados y un marco de seguridad jurídica sólido que reduzca la incertidumbre.
La licuación patrimonial puede convertirse en una herramienta clave para garantizar una jubilación digna, pero solo si va acompañada de reformas legales alineadas con la realidad, criterios de valoración claros, transparencia registral y un asesoramiento riguroso que proteja a los ciudadanos en decisiones que afectan al núcleo de su patrimonio.