La decisión tomada el año pasado por parte del Ministerio de Agricultura de disponer, por primera vez en lo que llevamos de siglo, de un mecanismo estatal para restringir la oferta de aceite de oliva en casos de sobreproducción -para evitar desplomes de precios- ha abierto una guerra entre los agricultores, que apoyan la medida sin fisuras, y la industria, que cree que tal y como está planteada atenta contra la competitividad del sector y los consumidores, según dijeron en un comunicado conjunto. La primera piedra la lanzaron estos últimos al presentar, el pasado enero, un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional a cuenta de las «distorsiones competitivas», aducen, que puede causar la llamada 'norma de comercialización' impulsada por el...
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