Sánchez decidió por su cuenta la desclasificación de documentos del 23-F
Pedro Sánchez notificó «previamente» al Rey Felipe VI la desclasificación de los secretos del 23-F, según ha sabido este diario por fuentes oficiales de la Casa Real, aunque no precisan el momento exacto. Fuentes oficiales de Moncloa han eludido contestar las preguntas de LA RAZÓN al respecto. El presidente del Gobierno dio este lunes otro golpe de efecto en plena efervescencia de la crisis abierta en el Ministerio del Interior por la supuesta agresión sexual del ex director operativo de la Guardia Civil. El Consejo de Ministros desclasificará este mismo martes «los documentos» relacionados con la intentona golpista de febrero de 1981. El jefe del Ejecutivo, según ha sabido este diario, tomó la decisión personalmente.
Sánchez ha decidido adelantarse a que prospere en el Congreso de los Diputados la reforma de la ley de secretos oficiales, que lleva varios meses atascada en un cajón de la Cámara Baja. La desclasificación se hará efectiva mañana con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas los interesados en la página web de Moncloa.
Cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de información clasificada, el verano pasado, Moncloa pensó que la norma entraría en vigor en el último trimestre de 2026, lo que permitiría hacer la cuenta de los 45 años hacia atrás para la desclasificación documental e incluir, así, el año 1981 y todos los anteriores.
Es decir, todos los documentos relacionados con el 23-F saldrían a la luz automáticamente salvo aquello que afectara a la seguridad nacional y la defensa, incluidos los años anteriores al inicio de la democracia y, por supuesto, la dictadura. Pero con una excepción: siempre y cuando no se valorara, justificara o motivara alguna causa superior de seguridad nacional o defensa que hiciera recomendable que algún documento siguiera clasificado.
De manera que el hecho de que el presidente del Gobierno se haya adelantado demuestra la poca fe que tiene en que ese anteproyecto de ley vea la luz. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, exige que entre los documentos que vayan a desclasificarse se incluya el sumario del proceso, así como las llamadas que «entraron y salieron» de la Cámara Baja en aquella jornada.
En Zarzuela, el 23 de febrero no es una fecha más. En cierto sentido, ese día se celebra en palacio el aniversario de la construcción del pilar sobre el que se asentó la Monarquía constitucional tras la muerte del dictador Francisco Franco.
El 23-F de hace 45 años la Corona se fundió con la joven democracia y quedó blindada frente a cualquier tentativa de regresión dictatorial. Durante más de cuatro décadas, el intento de golpe de Estado encabezado por teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero fue el acta notarial de la legitimidad de Juan Carlos I.
Algunas fuentes apuntan que ese es el objetivo de esta desclasificación: minar la imagen del anterior jefe de Estado; del Rey que, con uniforme de capitán general, ordenó a los golpistas volver a los cuarteles y salvó la Constitución. Esa escena, repetida hasta la saciedad, es el cimiento simbólico de la legitimidad monárquica.
Por eso, la desclasificación de los documentos oficiales sobre el Golpe de Estado del 23-F no es un mero gesto burocrático. Más bien se trata de una operación política de alto voltaje. Porque el poder –y también sus símbolos– descansa en los relatos. La narración del 23-F ha sido, hasta ahora, lineal: el Rey frente a los sables que quisieron apuñalar las libertades.
Si los papeles que verán la luz el miércoles confirman sin fisuras esa secuencia, la institución podrá reivindicar que su papel histórico queda fortalecido. Si, en cambio, emergen matices incómodos –conversaciones previas y zonas grises, dudas tácticas en las horas decisivas–, el debate dejará de ser historiográfico para convertirse en político. Y golpeará a Juan Carlos.
En Moncloa lo saben. La desclasificación llega en un momento en el que la figura del Rey emérito ya no opera como un escudo, sino como una losa difícil de gestionar en Zarzuela. Las investigaciones sobre sus finanzas y su salida de España erosionaron una parte del capital que levantó en 1981.
Y aunque Felipe VI no tuvo papel alguno en aquellos hechos, salvo el de espectador de excepción, la institución es la misma: jurídicamente continua e históricamente indivisible. Lo que se revise sobre el padre salpica al hijo en términos políticos, aunque este no le transfiera responsabilidad alguna.
La izquierda española y los independentistas, obsesionados con el advenimiento de una república, observan la operación con interés. Aunque todos salieron ayer en tromba para decir que el gesto es insuficiente. No por casualidad, todos llevan años pidiendo arrojar luz sobre aquel día, porque llevan años sosteniendo que el 23-F es un episodio con más sombras de las que admite el relato oficial.
La derecha, en cambio, defiende que abrir ahora ese archivo es remover el consenso del sistema del 78, que ya es el más longevo de la historia.
El 23-F es el mito de origen de la Monarquía española. Y los mitos, cuando se someten al escrutinio documental, pueden salir reforzados o perder parte de su aura. Todo dependerá del contenido: si revelan una actuación coherente de la Jefatura del Estado o si abren interrogantes sobre la cadena de mando y las horas previas al asalto al Congreso. En política, los símbolos pesan tanto como los hechos. La desclasificación promete hechos. Y, en juego, está el símbolo.