La Audiencia prorroga la causa por el asesinato de Pedrosa Urquiza pendiente de interrogar a exjefes de ETA
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha acordado seguir investigando al menos seis meses más el asesinato por parte de ETA el 4 de junio del 2000 del concejal de PP en el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa Urquiza, así como la posible responsabilidad de varios exdirigentes de la banda en la política de expulsiones forzadas en el País Vasco.
En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado prorroga la investigación por lo menos hasta agosto de este año pendiente de tomar "declaración a los investigados", varios exjefes de la organización terrorista. Será tras esas diligencias cuando decida las testificales propuestas por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).
El predecesor de De Jorge, el juez Alejandro Abascal, acordó investigar a una serie de exdirigentes etarras por un delito de asesinato en conexidad con un delito consumado de coacciones y amenazas terroristas, al admitir a trámite una querella de DyJ, que explicaba que Pedrosa fue "una de las numerosas víctimas" de la "política de expulsiones forzadas del País Vasco dirigida por la zuba --el máximo órgano de dirección de ETA-- bajo amenaza de muerte".
Los investigados en esta causa son Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Juan Antonio Olarra, 'Juanvi'; Asier Oyarzabal, 'Baltza'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'; Ainhoa Múgica, alias 'Olga'; Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea, 'Willy'; Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'.
La querella de Dignidad y Justicia
Dignidad y Justicia presentó una querella de 247 folios ante el Juzgado Central de Instrucción Número 1 para pedir que investigase no solo el asesinato, uno de los crímenes de ETA que siguen sin resolver, sino también las presuntas coacciones y amenazas terroristas contra Pedrosa Urquiza como parte de "la más amplia política de expulsión forzada de entre 60.000 y 200.000" personas del País Vasco.
En la misma, la asociación aseguraba que el "intento de expulsión forzada" se insertaba en "una larga y muy extensa política que zuba a zuba habían venido perpetuando desde finales del año 77" y que ello fue "determinante" en el asesinato del concejal.
En este sentido, DyJ defendía que el miembro del PP fue "asesinado selectivamente" ante su "singular resistencia cívica y heroica de huir de Durango". Para Dignidad y Justicia, la muerte de Pedrosa Urquiza fue consecuencia "directa" de su resistencia ante dicha política de expulsión y pasó a ser un "monstruoso crimen instrumental, ejemplificante, lenitivo, para otros a los que se les pudiera ocurrir resistirse".
DyJ se amparaba en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que contempla la "autoría mediata por dominio de los aparatos organizados de poder", para reclamar a la Audiencia Nacional que admitiese su petición e investigase el asesinato del concejal 'popular'.