Las empresas deben 3.243 millones de euros a casi medio millón de trabajadores por horas extra no pagadas en 2025
Casi medio millón de trabajadores no cobraron sus horas extra en 2025. Estos realizaron una media de 2,5 millones de horas extra no pagadas por semana, un regalo involuntario que tampoco se compensó con descanso ni cotización. Este alargamiento ilegal de la jornada sin contraprestación se tradujo en un ahorro de costes laborales de 3.243 millones de euros al año entre salarios, cotizaciones e impuestos directos que las empresas se ahorraron y dejaron de ingresar a las arcas públicas, según un informe del Gabinete Económico de CCOO en base a datos de la EPA. Mientras la lacra de las horas extra no pagadas se aferra al mercado laboral español, la tramitación -urgente- del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas y con el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quería atajar este problema, sigue retrasándose.
En 2025, una media de 945.000 asalariados hizo horas extraordinarias cada semana -el 5% del total-, pero el 47% de ellos no recibió ninguna contraprestación, 441.000. Es decir, el 2,3% de la población asalariada trabajó semanalmente horas extra no pagadas. En total, en España se realizaron de media 6,38 millones de horas extra semanales en 2025, de las que el 39% quedó fuera de nómina y de cotización, unas 2,49 millones. Cada persona que realizó horas extra no pagadas trabajó 5,6 horas semanales de media sin remuneración. Esto supuso dejar de percibir de media 141 euros a la semana de coste laboral (salarios y cotizaciones), 7.355 euros al año por trabajador, que para un total de 441.000 trabajadores se tradujo en esos más de 3.200 millones.
En términos de empleo, el volumen de horas extra trabajadas en 2025 equivale a crear 160.000 puestos a jornada completa, 62.000 de los cuales corresponderían a las horas extra no pagadas. Además de las horas extra declaradas, el sindicato avisa, en base a datos de la EPA, de que 928.000 asalariados trabajaron habitualmente más horas de las que tenían pactadas, sin disponer de datos de que esas horas se pagaran y se cotizaran. De estos, más de 568.000 personas tienen jornadas pactadas de 40 horas pero trabajan habitualmente por encima de ese límite, "lo que vulnera la legislación laboral vigente", denuncia CC OO.
Los profesores son los más golpeados por este abuso laboral. Por sectores, la educación encabeza el volumen absoluto de horas extraordinarias no pagadas, con 440.000 a la semana y 72.000 trabajadores afectados. Le siguen transporte y almacenamiento (270.000 horas y 32.000 afectados), industria manufacturera (255.000 horas y 49.000 afectados), comercio (217.000 horas y 46.000 afectados), actividades profesionales, científicas y técnicas (212.000 horas y 41.000 afectados) y Administración Pública (197.000 horas y 33.000 afectados).
Los datos reflejan que este fenómeno no impacta exclusivamente en los sectores considerados tradicionalmente precarios, sino que está ligado a actividades con una sobrecarga que va más allá del horario laboral, con presión por objetivos, picos de demanda, falta de personal y una cultura laboral que normaliza la prolongación de la jornada.
Si se analiza la incidencia relativa -el porcentaje de asalariados del sector que realizan horas extra no pagadas- destacan suministro de energía eléctrica y gas, y actividades financieras y de seguros, ambos con un 5,6%. También sobresalen educación (4,9%), servicios profesionales (4,6%) e información y comunicaciones (4%). En transporte y almacenamiento, por su parte, se registra la mayor intensidad media de horas extra no pagadas por asalariado: 8,3 horas extra no pagadas trabajaron de media a la semana las 32.000 personas afectadas en el sector. El segundo y tercer puesto se lo llevan la agricultura y la ganadería y la construcción, con 7,1 horas y 6,5 horas de media por trabajador a la semana.
La distribución territorial reproduce el peso económico de las comunidades. La Comunidad de Madrid concentra 582.000 horas extra no abonadas cada semana y 107.000 trabajadores afectados; Cataluña, 495.000 horas y 91.000 asalariados. Les siguen Comunidad Valenciana (290.000 horas y 53.000 afectados) y Andalucía (244.000 horas y 39.000 afectados). En términos proporcionales, Madrid lidera también la tasa de incidencia, con el 3,4% de sus asalariados realizando horas extra impagadas, por delante de Asturias (3%) y País Vasco (2,8%). Por su parte, las comunidades con mayor intensidad media de horas extra no pagadas por asalariado que realizó horas extra no pagadas fueron Navarra (6,8 horas extra no pagadas por trabajador), Extremadura (6,5 horas) y Castilla-La Mancha (6,4 horas).
El sindicato denuncia que esta práctica es un "abuso estructural y una forma de explotación laboral" que no solo deteriora la salud física y mental de los trabajadores, sino que genera costes indirectos adicionales para el sistema sanitario público. Aunque Yolanda Díaz aseguró en octubre del año pasado que la Inspección de Trabajo había elevado un 54% sus actuaciones para controlar las horas extraordinarias no pagadas desde 2015, lo que se ha traducido en 15 millones recaudados por incumplimientos empresariales, CC OO critica el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, pues lo considera "imprescindible" para luchar contra este tipo de prácticas "abusivas e ilegales de miles de empresas" en España.
El registro horario obligatorio, modificado en 2019 por el Gobierno para hacerlo más efectivo, dejó la puerta abierta al uso de métodos de registro poco fiables, como los sistemas manuales. Para corregir esas deficiencias, Trabajo impulsa ahora un real decreto que establece un registro automático y digital, accesible a la Inspección y a los representantes de los trabajadores, no manipulable y con conservación de datos durante cuatro años. Este decreto fue presentado el 11 de septiembre como un "plan b" a la proposición de ley de reducción de jornada a 37,5 horas, que incluía un régimen reforzado de control horario, y que fue tumbada el 10 de septiembre por el Congreso de los Diputados. Aunque el 30 de septiembre el Consejo de Ministro acordó la tramitación urgente de este decreto que debe reforzar y clarificar los criterios de control, el texto sigue paralizado.
La persistencia de esta bolsa de trabajo no remunerado erosiona los ingresos públicos y distorsiona las estadísticas de productividad y empleo, al concentrar más horas efectivas en menos trabajadores. Por otro, introduce competencia desleal entre empresas que cumplen y las que reducen costes a través de jornadas encubiertamente ampliadas.