Las condenas arbitrales internacionales colocan a España junto a los países con más incumplimientos de laudos
La separación de poderes no es una sofisticación institucional superflua; es la infraestructura invisible sobre la que descansa la seguridad jurídica. Desde Montesquieu sabemos que la libertad política exige que quien hace la ley, quien la ejecuta y quien la interpreta no coincidan en la misma mano. En términos económicos, esa arquitectura cumple una función esencial: estabilizar expectativas.
Douglass North demostró que el crecimiento a largo plazo depende de instituciones que reduzcan la incertidumbre y hagan creíbles los compromisos del poder público. Cuando el marco normativo es predecible y los tribunales actúan con independencia, los agentes pueden invertir, contratar y asumir riesgos con horizontes largos. Sin reglas de juego estables, el cálculo económico se sustituye por la especulación política.
En una decisión histórica el tribunal supremo declaró que el presidente Trump se excedió en sus competencias al imponer aranceles masivos amparándose en una ley de emergencia —la IEEPA— que jamás había sido utilizada con ese fin. El alza producido en Wall Street certifica que la certidumbre vale más que cualquier arancel.
Traslademos este principio a España. El Gobierno lleva años gobernando mediante decretos-ley de forma casi rutinaria, una herramienta constitucional pensada para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad que se ha convertido en atajo legislativo habitual. A ello se suma el incumplimiento sistemático de la obligación de presentar Presupuestos Generales del Estado, una anomalía que erosiona la capacidad del Parlamento para ejercer su función de control.
La arbitrariedad resulta muy cara. Entre 2010 y 2014, España cambió retroactivamente las reglas de retribución a las energías limpias, traicionando las expectativas de miles de inversores que habían confiado en un marco regulatorio estable. Las consecuencias han sido demoledoras: más de 2.150 millones de euros en condenas arbitrales internacionales, y España equiparada a Venezuela y Rusia en el índice de cumplimiento de laudos.
La economía de mercado no descansa solo en incentivos, sino en confianza. Y la confianza no se decreta: se construye con instituciones que limiten el poder y hagan creíble el respeto a las reglas. Cuando la separación de poderes se debilita, lo que se erosiona no es una abstracción jurídica, sino el fundamento mismo de la prosperidad.
Álvaro Hidalgo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico y presidente de la Fundación Weber