El Gobierno prohíbe los espectáculos taurinos tipo "bombero torero"
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes un real decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos para impedir la autorización de eventos cómico-taurinos que supongan una mofa pública o atenten contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, especialmente personas con enanismo.
La nueva disposición, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, incorpora un apartado al artículo 90 del reglamento que establece que estos espectáculos deberán respetar la dignidad humana y no podrán lesionar derechos ni someter a denigración pública a personas, en particular a colectivos vulnerables como el de las personas con discapacidad. Asimismo, prohíbe expresamente a la autoridad competente autorizar aquellos eventos que incumplan este mandato.
El Ejecutivo señala que esta modificación refuerza las restricciones ya contempladas en la Ley General de la Discapacidad. Además, la reforma de esta norma, actualmente en fase final de tramitación parlamentaria, tipificará estas prácticas como infracciones muy graves, con sanciones que oscilarán entre 600.000 euros y un millón de euros.
Como medida complementaria, el Ministerio de Derechos Sociales mantiene el programa "Pisadas con dignidad", puesto en marcha en 2022 junto a la Fundación ONCE, que ofrece apoyo social y formación laboral a personas con discapacidad que hayan trabajado en este tipo de espectáculos, con el objetivo de facilitar su acceso a empleos dignos.
Creación de la UTAC
El real decreto aprobado también contempla la creación de la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación (UTAC), un órgano especializado que asesorará y supervisará el cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad por parte de las comunidades autónomas, competentes en esta materia.
Con esta medida, el Gobierno culmina la transposición de la Directiva (UE) 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de productos y servicios. Según el Ejecutivo, España se sitúa entre los países de la Unión Europea que han elevado esta normativa al máximo rango legislativo, reforzando así el compromiso con la accesibilidad universal y con un sistema de control y sanción que garantice los derechos de las personas con discapacidad como consumidoras.