Condenan hasta a 597 años de prisión a 59 pandilleros del Barrio 18 por tráfico de personas y otros delitos en El Salvador
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de El Salvador informó que 59 pandilleros de la banda criminal Barrio 18 recibieron penas individuales de hasta 597 años de prisión por delitos como extorsión, homicidio agravado, tráfico de personas y falsedad ideológica. Los hechos punibles, según la entidad judicial, se cometieron entre 2018 y 2021.
Los acusados fueron sentenciados conforme al delito imputado. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele no precisó si el proceso se realizó mediante la modalidad de audiencia única abierta, que permite realizar juicios masivos contra presuntos pandilleros. "Entre los procesados hay líderes, mandos medios y colaboradores", indicó la institución.
Sentencias históricas
Mario Josué Anzora Ramírez, conocido en el mundo criminal como 'Soso', recibió la pena más alta: 597 años de prisión por seis homicidios agravados. Denis Raúl Martínez Arias, alias 'Chimbolo', obtuvo una condena de 415 años; mientras que Mauricio Alexander Leiva, alias 'Tun Tun', fue sentenciado a 383 años. Los tres quedaron bajo custodia el 1 de diciembre de 2021 durante una redada contra 42 integrantes del Barrio 18.
Otros implicados, como Celedonia Esmeralda Jerez Clemente y Andy Jeferson Morán Cortez, deberán cumplir 178 y 142 años de cárcel, respectivamente. "Las evidencias determinaron que extorsionaron y amenazaron a empleados de camiones repartidores de bebidas, comerciantes, dueños de tiendas, pequeños negocios y empresarios del transporte colectivo, y exigían el pago de renta como condición para trabajar en la zona", precisó la Fiscalía.
Además, el órgano acusador aseveró que los delincuentes "ofrecían viajes hacia Estados Unidos de manera ilegal" por sumas de entre 10.000 y 13.000 dólares. Añadió que la investigación también incluyó los asesinatos con ensañamiento contra dos mujeres en 2018 y 2019.
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Juicios masivos
Desde 2023 se permite realizar juicios masivos contra presuntos integrantes de pandillas en El Salvador. Asimismo, el régimen de excepción impulsado por Bukele habilitó la suspensión de garantías constitucionales para combatir a organizaciones criminales. Aunque la medida ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos por propiciar detenciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso, el gobierno sostiene que la estrategia redujo drásticamente los índices de violencia.
El reciente fallo contra los miembros del Barrio 18 responde a la política de procesos colectivos y aumento de penas aplicada en El Salvador. La ofensiva judicial busca desarticular estructuras delictivas históricas en el país centroamericano. Sin embargo, de los 59 sentenciados, ocho permanecen prófugos de la justicia.