La Ley de Publicidad de Moncloa le da nuevas funciones a la CNMC pese a que la reforma de sus estatutos sigue atascada en el Congreso
El Gobierno ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una norma que redefine por completo el marco de la publicidad institucional en España y que otorga nuevas competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a pesar de que la reforma de sus estatutos continúa bloqueada en el Congreso.
La futura ley sustituirá a la normativa vigente desde 2005 y adapta el ordenamiento español al Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), que exige mayor transparencia, independencia editorial y control sobre la financiación pública de los medios.
El texto incorpora por primera vez a las plataformas digitales como destinatarias reguladas de la publicidad institucional, en un mercado que ha cambiado radicalmente en dos décadas.
Entre las principales novedades figura un límite del 35%: ningún medio o plataforma podrá recibir más de ese porcentaje de su facturación anual en publicidad institucional procedente del conjunto de administraciones públicas.
Moncloa adapta la legislación al reglamento europeo de libertad de medios
Según explicó el ministro de Transformación Digital, Óscar López, el objetivo es evitar que la supervivencia económica de un medio dependa de fondos públicos. Se establece, además, una excepción para medios locales con menos de dos millones de euros de facturación y audiencia concentrada en un máximo de tres comunidades autónomas.
La ley también obliga a los medios que quieran recibir publicidad estatal a cumplir estrictos requisitos de transparencia: deberán publicar su titularidad, los accionistas con capacidad de influencia y el importe total de fondos públicos recibidos.
Además, deberán utilizar sistemas de medición de audiencia que cumplan con los estándares europeos de metodología abierta.
Uno de los puntos clave del anteproyecto es que la CNMC asumirá el seguimiento de toda la inversión publicitaria del sector público, incluidas las comunidades autónomas que no cuenten con una autoridad independiente propia.
La Comisión recibirá información anual de todas las administraciones y elaborará un informe detallado que el Gobierno deberá remitir a las Cortes antes del 30 de junio de cada año.
Esta ampliación de funciones llega mientras la reforma de los estatutos de la CNMC, necesaria para reforzar su estructura y competencias, continúa sin avanzar en el Parlamento.
El ministro López defendió que la nueva ley es imprescindible para “adaptarse a un mercado publicitario completamente transformado” y para garantizar que la publicidad institucional “no se convierta nunca en un mecanismo de compra de medios”. Recordó que el sector mueve 13.080 millones de euros al año en España, de los cuales 2.700 millones corresponden a inversión pública.
El texto inicia ahora su fase de consultas, informes y audiencia pública antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y posterior envío al Congreso.