La institucionalidad venezolana llevaba años secuestrada. No era una figura literaria ni un exceso retórico propio de la oposición; era la descripción precisa de cómo funcionaba el país. El Estado había sido convertido, pieza a pieza, en un mecanismo de supervivencia para un pequeño grupo de operadores políticos. En ese engranaje, los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) movían las cuerdas institucionales con una habilidad de relojero: controlaban el discurso, la maquinaria electoral, el sistema judicial, la diplomacia y la representación simbólica del poder. Mientras tanto, Diosdado Cabello administraba la violencia paraestatal con sus colectivos armados y Vladimir Padrino garantizaba la obediencia militar desde los cuarteles. Ese triángulo –político, callejero y armado– fue lo que sostuvo al chavismo mucho más que cualquier ideología, durante casi tres décadas. Por eso la amnistía jamás pudo surgir de un diálogo interno. En Venezuela no había márgenes para negociaciones genuinas mientras los secuestradores del Estado conservaran el control del aparato institucional. La victoria democrática de 28 de Julio 2024 había dejado claro que la ciudadanía ya no acompañaba al régimen, pero convertir ese mandato en transición era imposible mientras quienes controlaban las llaves del sistema no tuvieran motivos para soltarlas. La madrugada del 3 de enero de 2026 cambió ese cálculo. Aquella noche, drones y aeronaves estadounidenses cruzaron el cielo de Caracas con una facilidad insultante. No se escucharon alarmas. No se activaron defensas antiaéreas. No hubo cadenas presidenciales, ni discursos en vivo, ni comunicados militares. El país quedó suspendido en un silencio que solo se rompe cuando el poder deja de ser defendido. Los colectivos de Cabello no aparecieron ni las tropas de Padrino se movilizaron. Los ministros que solían repetir la épica revolucionaria no dijeron una palabra. Y los hermanos Rodríguez, siempre presentes en los momentos decisivos, desaparecieron de escena. La operación externa fue impecable, pero lo verdaderamente decisivo fue la inacción interna. La captura de Maduro no encontró resistencia porque nadie dentro del régimen quiso resistir. La caída del dictador no fue consecuencia de un choque de fuerzas, sino de un cálculo político: llegó un momento en que sostenerlo dejó de ser útil para quienes sobrevivían gracias a él. Y cuando un dictador depende de operadores que ya no lo consideran indispensable, su final está sellado. En ese contexto, la victoria democrática de 2024 no queda opacada. Todo lo contrario: fue el detonante que destruyó la última ficción de estabilidad del chavismo. El voto mayoritario, masivo, rotundo, le quitó al régimen la capacidad de construir narrativas creíbles. Ya no podían apelar al imaginario del «pueblo» ni sostener el discurso antiperialista sin que sonara hueco. Pero ese mandato popular seguía atrapado dentro de un aparato institucional que llevaba años capturado. El 3 de enero no sustituyó al voto: desactivó a quienes lo bloqueaban. Mientras Venezuela vivía esa escena, en Europa ocurría un episodio que rozaba lo tragicómico. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, declaró que esperaba que la Unión Europea levantara las sanciones contra Delcy Rodríguez. Lo hacía justo cuando la dirigencia venezolana más cercana al poder facilitaba –por acción o por omisión– la caída de su propio líder. En Caracas se producía la fractura más importante del chavismo en dos décadas, y en Madrid el canciller pedía indulgencia para una operadora política estrechamente vinculada a Rodríguez Zapatero y bien relacionada con el entorno de Sánchez. El ruido diplomático fue estridente. La torpeza, evidente. Y la lectura política, inevitable: mientras Venezuela comenzaba a salir de su secuestro institucional, España parecía empeñada en proteger a una de las arquitectas del sistema que lo había secuestrado. Albares pretende venderle a España y Europa la amnistía venezolana, como la española del 77, cuando en verdad no lo es. El derrumbe del régimen fue tan abrupto que dejó a los famosos 'alacranes' –esa fauna de operadores de alquiler que durante años sabotearon cualquier intento de reconciliación– completamente desubicados. Su capacidad de torcer acuerdos, bloquear iniciativas y vender traiciones se volvió irrelevante. La decisión sobre el destino de Maduro no se tomó en los sótanos donde ellos operaban, sino en un nivel al que nunca tuvieron acceso. Los 'alacranes' quedaron expuestos como lo que siempre fueron: intermediarios descartables, útiles solo cuando el sistema necesitaba ruido, no cuando necesitaba sobrevivir. La amnistía aprobada tras la captura de Maduro tampoco está libre de contradicciones y vacíos. Aunque abre un espacio político que llevaba más de dos décadas cerrado, incorpora restricciones que afectan a figuras democráticas esenciales para el futuro del país. La ley dificulta –cuando no impide abiertamente– el regreso de militares y político de liderazgos como María Corina Machado y Leopoldo López, precisamente dos nombres centrales en el imaginario democrático venezolano. Esa limitación introduce un riesgo evidente: que la transición nazca marcada por una asimetría moral, otorgando indulgencias políticas a operadores del régimen que sobrevivieron al colapso mientras se restringe la participación de quienes, a costa de persecución, cárcel o exilio, mantuvieron viva la idea de alternancia. Nada de esto, sin embargo, disminuye el impacto del momento histórico que vivió el país. Lo sucedido el 3 de enero reveló lo que muchos sospechaban, pero pocos podían afirmar con certeza: el chavismo no estaba sostenido por Maduro, sino por una estructura que lo usó mientras fue funcional y lo desechó cuando dejó de serlo. La caída del dictador no fue producto de un asalto violento contra un bastión sólido; fue el colapso silencioso de un poder que ya no encontraba razones para sostenerse en torno a él. La traición, en los regímenes autoritarios, no suele llegar con declaraciones públicas ni pronunciamientos dramáticos. Llega en forma de ausencia. De silencio. De una orden que no se da. De un colectivo que no aparece. De un general que no levanta el teléfono. De un operador político que, por primera vez, no interviene. La amnistía no borra el horror durante casi tres decadas ni repara las vidas destruidas por la muerte, represión, el hambre y el exilio. Pero marca el final de un ciclo y el inicio de otro. No porque el régimen haya querido abrir esa puerta, sino porque los sostenes del sistema decidieron soltarla. La transición no comenzó con una negociación, sino con una implosión. Con un acuerdo tácito entre quienes prefirieron salvarse a sí mismos antes que salvar al dictador que durante años les garantizó el poder. La historia venezolana recordará este episodio con la ironía que merece: Maduro no cayó cuando lo enfrentaron desde fuera, sino cuando lo abandonaron desde dentro. Y la amnistía que nunca pudo construirse en 26 años solo fue posible el día en que los secuestradores del Estado comprendieron que soltar al rehén era su única oportunidad de supervivencia.
