China–Chile Express: UDI acusa “mentiras” y contradicciones del Gobierno por decreto anulado en 48 horas

Un nuevo elemento se sumó a la controversia por la sanción de Estados Unidos contra el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, luego de que se revelara que el decreto que otorgaba la concesión para el proyecto de cable submarino entre Chile y China fue firmado y posteriormente anulado en menos de 48 horas.

Según informó El Mercurio, el documento —relacionado con la iniciativa de fibra óptica con participación de una empresa china— alcanzó a ser firmado, pero fue dejado sin efecto dos días después por razones formales. El antecedente tensiona la versión inicial del Ejecutivo, que había sostenido que el proyecto aún se encontraba en análisis y que no existía una aprobación definitiva.

En detalle, el decreto fue firmado el 27 de enero, otorgando una concesión intermedia a CMI Chile SpA, filial de China Mobile Internacional, y contemplaba una vigencia de 30 años, pero fue anulado el 29 de enero tras una solicitud de la Subtel, atribuyendo “razones de error técnico o en su tipeo”.

El proyecto del cable submarino ha estado en el centro de la disputa diplomática luego de que el Gobierno de Estados Unidos revocara la visa del ministro Muñoz, argumentando riesgos para la seguridad regional y la infraestructura crítica de telecomunicaciones.

En su arribo a la Oficina del Presidente Electo (OPE), el futuro mandatario, José Antonio Kast, sostuvo que esta materia está siendo tratada internamente y apuntó a que varios aspectos deben ser aclarados. “Los temas internacionales los estamos viendo como corresponde, con las autoridades que irán asumiendo”, indicó.

“Supera las posibilidades de una sola persona tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que se han ido aclarando con el tiempo”, agregó Kast.

Críticas parlamentarias

Desde la oposición, la UDI, por medio de un comunicado de su bancada parlamentaria, anunció que impulsará acciones fiscalizadoras una vez iniciado el nuevo período legislativo.

El futuro jefe de bancada, Jorge Alessandri, junto a la diputada Marlene Pérez, informaron que el próximo 11 de marzo solicitarán la creación de una comisión investigadora para esclarecer lo ocurrido con el decreto del cable submarino entre Chile y China.

Los parlamentarios cuestionaron que el Ejecutivo no transparentara desde un inicio la existencia del decreto firmado y luego anulado. “Aquí ha habido una mentira tras otra por parte de las actuales autoridades (…) Primero negaron cualquier tipo de autorización, pero resulta que ahora nos enteramos de que sí hubo un decreto firmado y que sólo se anuló por razones de forma”, señalaron.

En esa línea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó las versiones contradictorias del Gobierno y acusó un daño a la imagen país.

“El manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno. La verdad es que cuando uno ve al presidente y los ministros con versiones contradictorias, al embajador de Estados Unidos diciendo que esto fue advertido, contratos que se firman y luego se anulan, eso le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile”, expuso el gremialista.

En tanto, el diputado Jaime Mulet (FRVS) solicitó citar al ministro de Transportes y al subsecretario de Telecomunicaciones para que entreguen explicaciones públicas en la Cámara. El parlamentario también criticó la situación y las “versiones contradictorias”. “Lo que está pasando es realmente grave: alguien le ha mentido al país, probablemente le mintieron también al Presidente de la República”, manifestó Mulet.

“Aquí hay versiones contrapuestas y contradictorias, y eso tiene que averiguarse porque esto no es un acto administrativo, si no que se le estaba haciendo un trámite express a la República Popular China. Es muy curioso, porque cualquier tramitación en la Subtel demora muchas veces años una concesión, ahora estaban demorando algunas semanas. Y ha traído una serie de consecuencias complejas y no se ha comunicado la verdad al país”, sostuvo también el diputado.

Desde La Moneda, el ministro Álvaro Elizalde defendió la posición del Ejecutivo, señalando que no existía una aprobación definitiva del proyecto. Según explicó a Radio Duna, el decreto no había sido tomado razón por la Contraloría General de la República, por lo que no podía entenderse como una autorización plenamente vigente.

“El ministro (Muñoz) fue explícito al señalar que esto estaba precisamente en etapa de estudio, porque es precisamente en la etapa en que se encuentra. Efectivamente un acto administrativo, se consolida en este caso por no ser un decreto exento”, defendió Elizalde, asegurando que “esto ni siquiera se envió a la Contraloría”.

Asimismo, Elizalde insistió que “no había una decisión formal del gobierno”, porque las decisiones del Ejecutivo se verifican “cuando toma razón Contraloría”.