El gobierno es un botín del pacto corrupto

Esta crisis tiene responsables con nombre propio. Una alianza congresal integrada por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y sus satélites en el Parlamento convirtió el Estado en patrimonio político y organiza el poder a partir de intereses compartidos.

El gabinete De Soto cayó antes de jurar porque estalló la disputa por los ministerios. Ese episodio retrata el momento político de crisis en el que cada sector del Ejecutivo representa una cuota de poder. Por ello, la discusión gira alrededor del dominio institucional, no de la gestión pública.

Esa mayoría errática sostiene al Gobierno que ellos mismos colocan mientras aseguran espacios estratégicos de cooptación de instituciones. En ese reparto, el pacto se inclinó por la ministra Miralles como presidenta del Consejo de Ministros, lo que confirma que las decisiones centrales se procesan fuera del Despacho Presidencial.

José María Balcázar afirmó que asumía el encargo con la posibilidad de ofrecer estabilidad hasta 2026. Pero lo real es que solo obedece a un equilibrio que otros diseñan. La agenda real del poder se define en el Congreso.

En ese sentido, el país presencia un esquema en el que el Gobierno no existe.

Lo más preocupante es que, en pleno proceso electoral, el aparato estatal opera como pieza de negociación.

Los peruanos no deberían mantenerse al margen de este acuerdo contrario a las necesidades del país. La ciudadanía tiene la responsabilidad de reconocer cómo opera esta alianza y exigir un gobierno que responda al interés público, y no a la repartición de poder. La forma será únicamente a través del voto y la vigilancia del poder hasta los próximos comicios de abril y junio del 2026. Sobre todo, ante la elección del próximo Senado, el cual concentrará esta disputa de poder que hoy por hoy está de espaldas al país.