Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha desclasificado una parte que permanecía secreta de los documentos oficiales relativos a aquella jornada decisiva para la democracia española. La medida, presentada como un ejercicio de transparencia, llega en un contexto político de máxima tensión parlamentaria y evidente desgaste institucional. Conviene, por ello, analizar no sólo el gesto, sino su alcance real y su coherencia con la práctica actual del Ejecutivo. El 23-F forma parte de la memoria constitucional del Estado. Nada hay objetable en que, transcurridas más de cuatro décadas, se levante el secreto sobre informes y comunicaciones que ya no comprometen la seguridad nacional. La transparencia retrospectiva puede contribuir a reforzar la confianza pública cuando se ejerce con normalidad y sin cálculo partidista. Sin embargo, los documentos conocidos hasta ahora resultan escasos y apenas aportan elementos sustancialmente novedosos respecto de lo ya acreditado por las investigaciones judiciales y la historiografía. Era razonable pensar que, tras tanto tiempo, no quedaran grandes revelaciones ocultas. El problema no reside, por tanto, en desclasificar el pasado, sino en hacerlo mientras se mantiene una política restrictiva respecto del presente. En la sesión de control, Alberto Núñez Feijóo reprochó al presidente que se preocupe más por abrir archivos de hace 45 años que por aclarar decisiones recientes de su Gobierno o qué ha ocurrido en Adamuz. El líder de la oposición recordó que existen expedientes y contratos de evidente interés público que han sido declarados secretos o reservados, dificultando el control parlamentario e incluso la labor de la Justicia. Entre ellos, los relacionados con ayudas públicas controvertidas, como las concedidas a Plus Ultra. La transparencia no puede ser selectiva. Si se invoca como principio democrático, debe aplicarse con igual rigor a la gestión actual. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un recurso para dominar la conversación pública. No es casual que algunos socios parlamentarios del propio Ejecutivo hayan deslizado que la iniciativa responde más a una estrategia de agenda que a una convicción institucional. Cuando la desclasificación se percibe como 'conejo en la chistera', pierde parte de su legitimidad. Más desconcertante fue la argumentación de la ministra portavoz, que justificó la medida como forma de evitar supuestos bulos de la ultraderecha. La transparencia no se decreta para neutralizar adversarios políticos ni para blindar relatos oficiales. Se ejerce por respeto a los ciudadanos y como garantía de rendición de cuentas. Invocar amenazas difusas es un elemento innecesario de confrontación. La lección que dejó el 23-F fue la defensa firme del orden constitucional y del Estado de derecho. Honrar ese legado exige coherencia. Si el Gobierno considera que la transparencia fortalece la democracia, debe empezar por aplicarla a su propia gestión, sin excepciones oportunistas ni clasificaciones extensivas. De lo contrario, la apertura de archivos históricos quedará como un gesto simbólico, mientras las decisiones del presente continúan protegidas por un velo incompatible con una democracia madura.
