Abrir el grifo y que fluya agua de calidad es un gesto cotidiano que los españoles damos por sentado. De hecho, los ciudadanos perciben el agua del grifo como un bien de absoluta confianza. Sin embargo, bajo nuestros pies se gesta una crisis silenciosa: el progresivo y preocupante deterioro de las infraestructuras que hacen posible este milagro diario. El reciente XVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2025 (DAQUAS) revela que nuestro patrimonio hídrico está envejeciendo a un ritmo que compromete la seguridad hídrica actual y de las próximas generaciones. Las cifras son elocuentes y alarmantes. España dispone de cerca de 250.000 kilómetros de redes de abastecimiento y alrededor de 190.000 kilómetros de alcantarillado. Se trata de uno de los patrimonios públicos más extensos del país, construido a lo largo de décadas gracias al esfuerzo conjunto de administraciones y operadores. El problema no es su tamaño, sino su edad y el ritmo al que se está renovando. Estamos renovando las redes de abastecimiento a un ritmo que obligaría a las tuberías a durar más de 200 años, una quimera técnica. El resultado son fugas que, aunque se están reduciendo gracias a la digitalización y al esfuerzo de los operadores, representan el 10,1 por ciento del agua y un riesgo creciente de averías e interrupciones en un servicio esencial. Este envejecimiento no es solo una cuestión de 'hormigón'; es una amenaza a la sostenibilidad del servicio. Si no se revierte esta tendencia, el deterioro impactará inevitablemente en la calidad y continuidad del suministro. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Por una brecha financiera persistente. Aunque los operadores del sector han hecho un esfuerzo notable duplicando su inversión hasta los 2.415 millones de euros anuales, la aportación de las administraciones públicas es insuficiente. El resultado es un déficit de inversión estructural en el sector del agua urbana que asciende a más de 4.400 millones de euros anuales. A este panorama se suma un sistema tarifario que no cumple con el principio de «recuperación de costes» exigido por la Directiva Marco del Agua. En España, el precio medio del agua doméstica se sitúa en torno a 2,23 euros por metro cúbico, muy por debajo de la media europea. Para los hogares, representa menos del 1 por ciento del presupuesto familiar, muy lejos del umbral de asequibilidad del 3 por ciento para abastecimiento, señalado por Naciones Unidas. Mientras el ciudadano paga apenas un céntimo por cuatro litros de agua, el sistema es incapaz de financiar la amortización y mejora de las infraestructuras necesarias. El escenario se vuelve aún más exigente si miramos hacia Bruselas. La UE exige nuevas inversiones mediante la Directiva de Agua Potable y la TARU, que requerirán más de 1.200 millones de euros anuales. Y España aún presenta déficits en depuración. Aunque reutiliza casi el 8 por ciento del agua –18,7 por ciento con reutilización indirecta–, sin inversión suficiente se comprometerá la calidad del servicio. Con este panorama, y en un contexto como el actual, urge tomar medidas. Está claro que las tuberías son invisibles mientras funcionan. Las obras de mantenimiento no generan titulares cuando se renuevan, pero sí cuando fallan, generando graves consecuencias políticas, sociales o económicas. La experiencia demuestra que posponer inversiones estratégicas incrementa el coste final y reduce la capacidad de respuesta ante crisis. Por eso, es imprescindible alcanzar un pacto social y político por el agua que involucre a la administración y a la ciudadanía. Invertir en renovación no es un gasto superfluo, sino una política de prevención y competitividad. Cada euro destinado a reposición reduce costes, minimiza riesgos operativos y garantiza la resiliencia hídrica frente al cambio climático. No es una opción, sino una obligación para con las generaciones futuras. Tenemos que garantizar que mañana, al abrir el grifo, el agua siga fluyendo con la misma confianza de siempre.
