La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, presenta su dimisión a tres semanas de las elecciones municipales
La conservadora Rachida Dati anunció este miércoles que ha presentado su dimisión al presidente francés, Emmanuel Macron, para dejar de ser ministra de la Cultura y poder consagrarse a las elecciones municipales de los próximos 15 y el 22 de marzo, en las que es candidata a la Alcaldía de París.
El anuncio, hecho en una entrevista en el canal BFMTV, no ha sido una sorpresa pues Dati había avanzado en enero que iba a dejar el cargo en el ministerio para dedicarse a las municipales.
"El combate de mi vida es París, les digo a los parisinos que lucho por ellos y por París", manifestó la dirigente centroderechista, quien figura entre los favoritos a suceder en el Hôtel de Ville de París a la socialista Anne Hidalgo, quien no se presenta a una segunda reelección tras doce años al frente de la capital.
En un comunicado, la Presidencia francesa señaló que Macron ha aceptado la dimisión y ha agradecido a la hasta ahora ministra de Cultura "la acción útil" que ha llevado a cabo durante los dos años que ocupó el cargo, que estuvieron salpicados de algunas polémicas y un proceso judicial contra ella.
Entre las controversias, destaca la proposición de ley, aún en tramitación parlamentaria, para la reforma del sector audiovisual público en Francia, que pretende unir en un solo conglomerado televisión, radio y archivos públicos para ahorrar costes. La antigua ministra de Justicia bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy (2007-12) realiza campaña en la capital francesa bajo la sombra de un juicio contra ella y contra el antiguo presidente de la alianza Renault-Nissan, Carlos Ghosn.
El proceso, que se celebrará en septiembre de 2026, juzgará a Dati por los delitos de corrupción y tráfico de influencias pasivos en ejercicio de cargos públicos, así como los de encubrimiento de abuso de poder y abuso de confianza. El caso se refiere a los 900.000 euros que Dati, de 60 años, cobró de Renault-Nissan en concepto de asesoría jurídica entre 2010 y 2013, cuando era eurodiputada.
La investigación, abierta tras la denuncia que una accionista de Renault presentó ante la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) en 2019, consideró que esos pagos escondían en realidad labores de cabildeo, que están prohibidas para los miembros de la Eurocámara.