Estas son las deducciones fiscales que caerán si este jueves el Congreso deroga el nuevo decreto ómnibus del Gobierno
El Congreso rechazó a finales de enero el real decreto ómnibus aprobado por el Gobierno y que aglutinaba la subida de las pensiones y medidas del escudo social como la moratoria de desahucios. Todas las medidas en este decreto decayeron y apenas unos días después del Ejecutivo decidió trocear el texto en dos nuevos decretos separados, uno con la revalorización de las pensiones y medidas de Seguridad Social y otro con el denominado escudo social. Estos nuevos decretos se votarán mañana, jueves, en el Congreso. El apoyo a la subida de las pensiones está asegurado. En cambio está previsto que PP, Vox y Junts voten en contra -salvo sorpresa de última hora- del decreto antidesahucios que también incluye un importante paquete de incentivos fiscales en el IRPF y que, por tanto, quedarán sin efecto para este año, advierte Taxdown.
Entre las medidas más sensibles figuran las deducciones por la compra de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, así como por la instalación de puntos de recarga en inmuebles de titularidad del contribuyente. Estos incentivos habían sido prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2026 por el Real Decreto-ley 16/2025, el decreto ómnibus inicial, aprobado por el Gobierno el pasado 23 de diciembre y tumbado por el Congreso con el rechazo de P, Vox, UPN y Junts en enero.
El nuevo decreto recoge la extensión temporal de estas ventajas fiscales, alineadas con el Plan España Auto 2030 y los compromisos de descarbonización. En términos prácticos, permiten deducir un porcentaje del importe satisfecho tanto por la adquisición del vehículo como por la instalación del cargador en el garaje. Si el texto no es convalidado, los contribuyentes que hayan comprado -o estén planificando comprar- un coche eléctrico en 2026 perderán el derecho a aplicar la deducción en su declaración del IRPF. Lo mismo ocurriría con quienes instalen un punto de recarga este año.
En el paquete fiscal incluido en el nuevo decreto también se encuentra la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, regulada en la disposición adicional quincuagésima de la Ley del IRPF. Se contemplan tres grandes bloques: reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, con prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 para ejecutar las obras y hasta el 31 de diciembre de 2027 para alquilar la vivienda si existe expectativa de arrendamiento; mejora del consumo de energía primaria no renovable, con los mismos plazos; y Actuaciones en edificios de uso predominantemente residencial, cuyo plazo se ampliaría hasta el 31 de diciembre de 2027.
En esta caso, el rechazo al decreto ocasionará un doble perjuicio. Por un lado, quienes hayan realizado obras en 2025 contando con este incentivo no podrán aplicarse la deducción en la campaña de la Renta de este año. Por otro, quienes estén ejecutando o planificando rehabilitaciones en 2026 tampoco podrán beneficiarse de ella más adelante.
El impacto no se limita a las llamadas deducciones "verdes". El nuevo decreto también incluye la prórroga para 2026 de los límites excluyentes del método de estimación objetiva -el régimen de módulos- utilizado por pequeños autónomos. Si el nuevo decreto también decae, esta prórroga no saldrá adelante y "los umbrales de ingresos y compras que determinan quién puede acogerse a este régimen simplificado caerían a niveles inferiores, lo que obligaría a muchos autónomos a cambiar de método de tributación con escaso margen de tiempo para adaptarse", explica Taxdown.
En la misma línea, el decreto recoge el mantenimiento del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias del 1,1% para inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados desde el 1 de enero de 2012. De no aprobarse, este porcentaje subiría al 2%, lo que supondría un incremento de la carga fiscal para los propietarios afectados.
La votación de este jueves, por tanto, macará la fiscalidad en 2026 para compradores de vehículos eléctricos, propietarios que rehabilitan sus viviendas y miles de autónomos que dependen de la estabilidad normativa para planificar su actividad.