El Gobierno da por perdido a Junts hasta que vuelva Puigdemont

Pedro Sánchez minimizó el órdago de Junts cuando Carles Puigdemont anunció la ruptura con el Gobierno. En Moncloa vieron inicialmente aspavientos, pero no creyeron que la sangre llegara al río. Se equivocaron. Y no tardaron en darse cuenta. Por eso el Ejecutivo multiplicó los gestos hacia la formación independentista (apoyo a la ley contra la multirreincidencia, un macrodecreto con promesas pendientes, el compromiso de publicar las balanzas fiscales...) al tiempo que intentó reagrupar a la mayoría de la investidura. Pero en Moncloa dan por perdido el apoyo de Junts, al menos hasta que Puigdemont vuelva gracias a la aplicación de la amnistía.

El Gobierno ha vuelto a escuchar el portazo este miércoles en el Congreso. La portavoz, Míriam Nogueras, ha confirmado que su grupo votará en contra del decreto del escudo social. Por segunda vez. Ya sumó sus votos a los de PP y Vox para rechazar hace un mes el paraguas de protección social que se implementó durante la pandemia. La excusa de los neoconvergentes fue que la prohibición de los desahucios era un coladero para la okupación. Tras el varapalo, el Gobierno negoció con el PNV una rebaja de la ambición para dejar fuera a los propietarios con una única vivienda en alquiler.

“Hace unas semanas dijimos pensiones ‘sí’, ocupación ‘no’. Y cumplimos”, expresó Nogueras en la sesión de control: “Lo han vuelto a hacer. Mezclar en una sola votación el escudo social y las ocupaciones. Si votáramos que ‘sí’, quizás nos ahorraríamos todas esas mentiras que dicen de nosotros. Pero nosotros no engañamos”. “Escudo social, sí. Ocupaciones, no”, ha señalado llevándose el reproche de Sánchez por vincular la protección del escudo social a personas vulnerables con la ocupación.

Ante la segunda derrota en el Congreso, el Gobierno tendrá que buscar la fórmula para mantener esa protección. Lo que, en principio, no ven en el Ejecutivo es presentar un tercer decreto (ya lo han hecho en esta ocasión desgajando el 'escudo social' de la subida de las pensiones, que sí se aprobará con el 'sí' de PP y Junts). “El Gobierno ha promovido por dos veces el escudo social. Separar la parte de desahucios no lo ve la izquierda. Puede ser que la izquierda diga que cuando tumben lo vea distinto, que ahora cambie de opinión”, señala una fuente gubernamental sobre la anterior negociación, en la que Moncloa pretendía llevar la prohibición de los desahucios por separado para minimizar los riesgos, pero se opusieron los socios progresistas y finalmente fueron por separado las pensiones y todo lo demás en un único texto. “El Gobierno está dispuesto a hablar, pero no vamos a traerlo al gusto de cada cual”, apunta esa fuente.

Una ministra descarta que se vaya a aprobar un nuevo decreto. “Tenemos instrumentos”, dice sobre el mantenimiento de las medidas de protección social, como el bono energético, las entregas a cuenta a las comunidades y ayuntamientos o la actualización del Ingreso Mínimo Vital. Además, sostiene que serán las comunidades autónomas, gobernadas mayoritariamente por el PP, las que tendrán que dar respuesta a los desahucios: “Tienen unas obligaciones estatutarias en materia de emergencia habitacional para personas en situación de vulnerabilidad”.

Lo que asumen en Moncloa es que no tienen nada que hacer por ahora con Junts. “La situación de Junts se acabará de estabilizar cuando vuelva Puigdemont”, reflexiona un miembro del Gobierno. La estimación del Ejecutivo es que se podría producir ese escenario en primavera dado que la sentencia del Tribunal Constitucional se espera para abril o mayo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya le han allanado el camino. También está pendiente el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, tras la opinión favorable del abogado general, que suele marcar la pauta de los jueces en Luxemburgo.

En todo caso, la tensión con Junts se mantiene en un momento sensible para el Gobierno ante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado que ha prometido en el primer trimestre del año. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó al mes de febrero, que ya ha pasado y ahora la intención es hacerlo en marzo, es decir, en las próximas cuatro semanas. “No están en condiciones de aprobar presupuestos”, señalan fuentes gubernamentales sobre Junts y reconocen que lo importante de las cuentas públicas es aprobarlas, no solo presentarlas, a pesar de que Sánchez aseguró que podría acabar el mandato sin sacar adelante los presupuestos en toda la legislatura. “No dan lugar a la interlocución. Cortesía parlamentaria hay, pero no hay capacidad de diálogo”, lamentan esas fuentes.