El pasado mes de enero entró en vigor en Andalucía la nueva ley de vivienda , que entre sus grandes novedades incluye medidas para luchar contra la okupación y la inquiokupación, o al menos no favorecer estos fenómenos. El margen autonómico es estrecho, pero entre las diferentes disposiciones, la normativa impide que personas condenadas por okupación accedan a vivienda social o protegida durante al menos cinco años. Además, prevé la constitución de una Comisión de Coordinación en materia de Desahucios y Ocupación Ilegal. «Esta ley equipara los derechos de las personas desahuciadas con las víctimas de la ocupación», apunta el portavoz de la plataforma de afectados, Ricardo Bravo. «Al menos nos ponen al mismo nivel y nos prestan apoyo administrativo»....
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