El debate del regreso de Don Juan Carlos interpela a Sánchez: los demás ex presidentes del Gobierno lo tienen claro
La publicación ayer de los papeles del 23F no convierte a Don Juan Carlos en intocable ni borra tampoco sus errores, pero sí devuelve contexto y obliga, aunque se niegue oficialmente que haya una operación en la sombra dirigida a rehabilitarle, a una reflexión incómoda: ¿tiene sentido que quien fue jefe del Estado durante casi cuarenta años y desempeñó un papel decisivo en el momento más delicado de la democracia española permanezca fuera del país en una suerte de exilio indefinido?
La frase de Alberto Núñez Feijóo -"no debe morir fuera de España"- no es solo una apelación sentimental, sino una declaración política sobre cómo debe gestionar una democracia madura sus propias contradicciones. No hace muchas semanas, una ministra reflexionaba en off sobre la situación de Don Juan Carlos, y las soluciones que manejaban en el Gobierno para atender al posible escenario de que se produjese su fallecimiento fuera de España. De lo escuchado, la impresión que daba es que no había un plan de Estado para atender a esta contingencia, ya que la solución con la que despachaban este asunto en Moncloa era tan absurda como que se le evacuase a España, para ingresarle en un hospital y fingir que la muerte se había producido en territorio patrio. No es justo, ni para Don Juan Carlos ni para nuestra memoria democrática, reducir este debate a cómo solucionar el problema biológico de su fallecimiento con una farsa, y sí debería ser un asunto que interpele al Gobierno, a la oposición y también a Zarzuela para buscar una salida honrosa para todos.
Los documentos del 23-F refuerzan una idea que nunca fue desmentida jurídicamente: la intervención del entonces Rey fue determinante para frenar la intentona golpista y la legitimidad constitucional de la Corona quedó blindada aquella noche. Es verdad que, décadas después, la institución sufrió el mayor desgaste de su trayectoria reciente por las revelaciones fiscales y la opacidad financiera que rodearon al propio Juan Carlos I. Regularizaciones tributarias millonarias, comisiones internacionales, falta de transparencia y un evidente déficit de ejemplaridad pública. Nada de eso puede obviarse, aunque la Fiscalía archivó las investigaciones en España por prescripción y por las regularizaciones realizadas, si bien el daño reputacional fue profundo. De ahí la decisión de fijar residencia en Abu Dabi en 2020 para proteger a la institución y facilitar el reinado de Felipe VI.
Aquella salida pudo tener su sentido, discutible, como cortafuegos, pero hoy es otro problema al convertir lo excepcional en permanente.
La Monarquía parlamentaria española se sostiene sobre dos pilares: continuidad histórica y ejemplaridad presente. El primero conecta con la Transición y con episodios como el 23-F. El segundo lo encarna hoy Felipe VI con una estrategia de ejemplaridad, rigor institucional y distancia con la figura de su padre. Pero en el ámbito político urge afrontar este debate, para el que hay un llamativo consenso entre quienes acompañaron políticamente a Don Juan Carlos en su mandato al frente de la Corona.
"Permitir el regreso de Don Juan Carlos no implica rehabilitación política ni blanqueamiento ético. Implica normalización jurídica. No tiene causas abiertas en España. No hay condena. No existe impedimento legal para que resida en su país. Mantenerlo fuera ya no es una decisión judicial; es una decisión política", explica un expresidente del Gobierno. Y es que, paradójicamente, este es un tema en el que hay sustancial coincidencia entre los expresidente de la democracia: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy mantienen una posición más o menos prudente en el ámbito público, pero en privado no divergen sobre el juicio que hacen respecto a su figura y sobre qué debe hacerse con su excepcional situación. La ruptura se produce en la etapa de Pedro Sánchez, derivada del cambio de posición del PSOE por trayectoria personal del hoy secretario general socialista y por las alianzas de las que depende: partidos de izquierda e independentismo.