Cárceles superan los 62 mil internos, 10 mil más que la “cifra crítica” de 2023
Según cifras de Gendarmería, a diciembre de 2025 había 62 mil 323 internos en las cárceles chilenas, 10 mil más que los reportados por el Gobierno de Gabriel Boric en 2023. La capacidad máxima del sistema sigue siendo 42 mil.
De acuerdo a la información, salvo Los Ríos, con un 98,7%, todas las regiones del país están sobre el 100% de ocupación de su capacidad carcelaria, con casos críticos como el de Atacama, con un 200%; el Maule, con 192%; La Araucanía, con un 178%; Antofagasta, 184%, y Metropolitana, con un 168%.
Esa es una arista central de la crisis que atraviesa el sistema penitenciario, de acuerdo a expertos, la que se ve acentuada por el perfil de reos, hoy de mayor peligrosidad.
Respuesta del Gobierno
Consultados por El Mercurio, desde el Ministerio de Justicia admitieron que la ocupación actual “pone en tensión al sistema, dificulta la labor del personal de custodia, genera situaciones de violencia en los penales, obstaculiza el objetivo de la reinserción social y abre espacios a los intentos del crimen organizado para actuar desde el encierro, por la vía de incentivar la corrupción”.
Por lo anterior, relevaron la importancia del Plan Maestro de Infraestructura, asegurando que “entre 2023 y finales de 2025, el Gobierno avanzó en la incorporación de 2 mil 983 plazas nuevas o recuperadas al sistema penitenciario a través de la ejecución de ocho proyectos”. Mientras que para 2030 se considera la incorporación al “sistema de más de 15 mil plazas, con una inversión actualizada de 1,7 billones de pesos”.
Agregaron que “si se desarrolla la cartera completa, el sistema superaría 70 mil plazas hacia 2034, lo que permite abordar la tendencia al alza proyectada para 2030”.
En cuanto a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento, desde la cartera señalaron que “con dispositivo de monitoreo activo, por cumplimiento de penas alternativas hay 3 mil 935 personas. Y con dispositivo por Ley de Violencia Intrafamiliar hay 243 personas monitoreadas”.
En ese sentido, apuntaron que “es indudable que el aumento significativo de personas privadas de libertad, sobre todo en prisión preventiva, es excesivo. Hay que considerar que en los últimos años se ha dictado un conjunto de leyes que aplican sanciones penales, sin considerar el efecto que esto tiene en el sistema penitenciario; que la aplicación de la libertad condicional es muy restrictiva”.