Alto Comisionado de la ONU alerta sobre ataques a la independencia judicial en Perú: "Estoy preocupado por la separación de poderes"
El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, expresó su preocupación por los ataques a la independencia judicial y a los derechos humanos en el Perú. Durante su reporte global al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el representante diplomático señaló que estos hechos configuran expresiones de autoritarismo y que son potencialmente peligrosas en un escenario electoral como el que esta viviendo el país en estos momentos.
"En Perú, me preocupan los ataques contra la independencia judicial y las medidas que socavan la separación de poderes, de cara a las elecciones previstas para finales de este año", fueron sus palabras. "Aliento a las autoridades de Perú (...) a respetar los derechos humanos y proteger el espacio cívico en los próximos procesos electorales", continuó.
Esta actualización global incluyó también la situación de otros países de la región y del mundo. El Alto Comisionado llamó a que el autoritarismo no menoscabe los progresos democráticos: "Los autoritarios intentan persuadir a la gente de que son impotentes, pero los derechos humanos nos recuerdan que no lo somos", señaló Türk en sus redes sociales.
No es la primera vez que Türk opina sobre Perú.
Hace unos meses, en el pasado Gobierno de Dina Boluarte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas hizo llegar sus fuertes críticas a la recientemente promulgada Ley de Amnistía, que permite la liberación de integrantes de las FF. AA., PNP y Comités de Autodefensa procesados o investigados por delitos como ejecuciones extrajudiciales durante la lucha antiterrorista (1980-2000).
En aquel entonces, señaló que la ley significa "un retroceso para la justicia y para la verdad". Los cuestionamientos se realizaron en presencia del entonces ministro de Justicia y actual candidato al Senado por Alianza para el Progreso, Juan José Santiváñez —uno de los principales impulsores de la medida—, quien también participaba en la sesión.
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Presiones desde el Congreso al Poder Judicial
Semanas atrás, el congresista Fernando Rospigliosi exigió al Poder Judicial la aplicación de la Ley 32107, norma que permitiría la prescripción de delitos de lesa humanidad. Esta disposición ha generado críticas desde el Ministerio Público, el Colegio de Abogados y diversas organizaciones de derechos humanos, que advierten posibles efectos en procesos emblemáticos vinculados a graves violaciones de derechos fundamentales, como los casos Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca, Cabitos y El Frontón.
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A través de un oficio remitido al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios, el parlamentario solicitó que se actúe de oficio contra los magistrados que decidan no aplicar la ley, señalando que dicha omisión podría derivar en responsabilidades funcionales. El documento fue enviado luego de que, durante la ceremonia de apertura del año judicial, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, defendiera la utilización del control difuso para evaluar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso.
En su intervención, Tello sostuvo que resulta necesario proteger la independencia judicial frente a los cuestionamientos provenientes del ámbito político contra jueces que han inaplicado normas al considerarlas inconstitucionales, cumpliendo —según afirmó— con el mandato de la Constitución. Asimismo, remarcó que el Poder Judicial no responde a intereses políticos, económicos ni fácticos, y aseguró que los magistrados no serán utilizados ni como mecanismos de impunidad ni como instrumentos de persecución.