Denuncian irregularidades en el caso del alto cargo de Bolaños

El denunciante de Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, advierte, por segunda vez, a la jueza que le investiga que habría cometido varias irregularidades durante la instrucción.

La abogada de la acusación particular le advierte de que no es cierto que, como afirmó la magistrada, no se haya entregado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, que defiende a Cubo, el vídeo que se investiga si manipuló este alto cargo del ministro Félix Bolaños

El denunciante envió ya a finales de enero la documentación que evidencia que la grabación, –procedente de un proceso de divorcio que llevó un tribunal de Valladolid– se hizo llegar al fiscal y al abogado del Estado, pero nunca a él como parte del proceso.

En un nuevo escrito, conocido por LA RAZÓN, le pide que rectifique la providencia en que la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid afirma que «en ningún caso se ha dado entrega de la grabación recibida al Ministerio Fiscal y a la Abogacía» y en la que llegó a calificar de «infundada» la acusación, que en este sentido, expuso el denunciante en un escrito con fecha de este pasado 28 de enero.

Por ello, exige a la magistrada Susana Trujillano que aclare o corrija la resolución en que negó haber dado traslado solo a esas partes la citada prueba, que es clave en esta causa.

Desde hace más de dos años esta jueza de Plaza de Castilla (Madrid) investiga al director general del Ministerio de Justicia por un delito de falsificación de documentos públicos en relación a la presunta introducción de un «ruido rosa» en el audio que recogía la exploración forense que se realizó en el juzgado vallisoletano a uno de los hijos del denunciante.

Cuando se le entregó al padre, este observó que el archivo «carecía de la calidad suficiente». Y, ante esto, decidió volver a reclamar la grabación al Centro de Atención de Usuarios (CAU) de Justicia en un formato en el que pudiera escucharla con normalidad. Desde este departamento de la Administración central se le contestó que no había posibilidad de recuperar el sonido.

Fue, entonces, cuando el progenitor encargó un análisis pericial del archivo que concluyó que se habría manipulado el archivo, introduciendo un ruido que no estaba presente en el ambiente en que se grabó.

Volviendo al estado actual de las actuaciones, tal y como ya informó este diario, la acusación particular viene denunciando en los últimos meses que una serie de presuntas irregularidades que afectan inevitablemente a la legalidad del caso y le causan indefensión, afectando a su derecho a una tutela judicial efectiva.

El pasado diciembre, el denunciante alertó de que la jueza también accedió, «sin dar traslado a las partes», a pedir la mencionada copia de la exploración al menor (que habría sido manipulada) al tribunal original de Valladolid que se encargó del proceso de divorcio, después de que fuese solicitado por el abogado de Estado que ejerce la defensa de Cubo y que es uno de los que estuvo en el procedimiento contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La acusación particular, de hecho, aseguró que había sabido que el vídeo llegó a la Justicia madrileña a través de un escrito en que la propia Abogacía del Estado señaló que «habían recibido ya en autos el vídeo original».

Por otro lado, el denunciante reitera en un escrito de este febrero que llegó a reclamar a la jueza Trujillano hasta en dos ocasiones (el 22 de diciembre y el 14 de enero) la prórroga de la instrucción, sin que, pese a que formalmente se habría cumplido el plazo, la instructora se haya pronunciado sobre la petición.

También aprovechó para recordar que está pendiente que de salida a la petición de nulidad de todas las actuaciones que cursó esta parte, en base a que nunca se pudo pronunciar sobre la petición de la Abogacía de librar exhorto al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid que conoció el caso de divorcio, acordándose finalmente por la jueza.

En esta misma línea, reiteró que pende que de salida a su requerimiento a la magistrada madrileña para que «aclare el envío al investigado (Cubo) y a la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia de la prueba que dice estar ‘custodiada’ en el juzgado».

Además, le indica a la instructora que tampoco ha dictado respuesta respecto al recurso de reforma en el que pidió inadmitir, por estar presentado fuerza de plazo, el escrito con el que el letrado de la defensa se opuso a que se alargase otros seis meses la investigación judicial.

La abogada del denunciante insiste en que la no resolución de sus sucesivas peticiones en la causa se ha llevado a cabo por parte de la jueza «sin criterio objetivo y de forma arbitraria, yendo en perjuicio de la acusación particular y generando una indefensión que les priva de eficacia real a los actos promovidos».