Qué dice la reforma de la ley de secretos oficiales que el Gobierno no logra desatascar en el Congreso tras la desclasificación del 23F
La desclasificación de los documentos relativos al 23 de febrero de 1981 ha vuelto a situar en primer plano la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una norma aprobada en 1968 y aún vigente. El Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Información Clasificada para sustituirla, pero la iniciativa continúa sin avanzar en el Congreso.
La tramitación permanece paralizada en la Mesa de la Cámara, donde el texto sigue sin superar la fase de enmiendas debido al bloqueo parlamentario.
La ley actual permite clasificar información sin límites temporales y sin mecanismos automáticos de revisión. El proyecto gubernamental pretende introducir un sistema estructurado en cuatro niveles de clasificación, alto secreto, secreto, confidencial y restringido, con plazos máximos para cada categoría.
La propuesta fija que la información altamente sensible pueda mantenerse protegida durante periodos prolongados, pero siempre con revisiones periódicas y con desclasificación automática una vez superados los límites establecidos.
Contenido esencial de la reforma y situación parlamentaria
El texto prevé que la competencia para clasificar información recaiga en el Consejo de Ministros y, en determinados supuestos, en altos cargos autorizados.
También incorpora un procedimiento para la revisión de documentos históricos, con el fin de evitar que materiales de relevancia pública permanezcan indefinidamente bajo secreto.
La reforma incluye además mecanismos de control institucional para supervisar la aplicación de la ley y garantizar que la clasificación se utilice únicamente en los supuestos previstos.
Pese a estos elementos, la tramitación parlamentaria permanece bloqueada. La iniciativa no ha superado la fase de calificación en la Mesa del Congreso debido a la falta de apoyos suficientes para continuar el procedimiento legislativo.
La situación mantiene en vigor la normativa de 1968, que no contempla límites temporales ni criterios detallados para la desclasificación, lo que ha permitido que episodios como el 23F permanecieran reservados durante más de cuatro décadas.
La desclasificación reciente ha evidenciado la necesidad de un marco legal actualizado que regule de forma clara la protección y apertura de documentos oficiales.
Mientras la reforma no avance, la gestión de la información clasificada seguirá dependiendo de la ley vigente y de decisiones puntuales del Consejo de Ministros.