Díaz confirma la amenaza del Estatuto del Becario en las empresas: hasta 225.000 euros de multa, un buzón de denuncias y el empresario asume todos los gastos
El Ministerio de Trabajo culminará el penúltimo paso de otra de sus cruzadas en el mercado laboral, después de que el Consejo de Ministros dé luz verde al Proyecto de Ley del «Estatuto del becario», bautizado con el rimbombante nombre de «Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa». La norma, que ha sido denunciada por los rectores universitarios porque se les ha dejado al margen de su configuración y rechazada por las patronales CEOE y Cepyme porque asumen todo el coste sin apenas beneficio alguno, recoge un régimen sancionador «desorbitado y fuera de la realidad» –aseguran los empresarios– por incumplir los derechos de los alumnos, con multas que pueden llegar hasta los 225.000 euros en los casos más graves. Sin embargo, para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se va a «atajar una fuente de precariedad que hace algo muy malo, que es degradar la formación. Los mal llamados becarios que hacen los trabajos de forma gratuita, sin derechos y, algo muy perverso, que sustituyen puestos de trabajo directos».
A esto hay que sumar el «Buzón de las personas becarias», que recogerá denuncias de forma anónima de supuestas malas prácticas y abusos por parte de las empresas para enviarlas a Inspección de Trabajo. Este canal, que ha sido impulsado por el Ministerio de Juventud, ha arrancado incluso antes de que se apruebe el Estatuto, «porque consideramos que hay legislación suficiente para que sea garantista y para que la Inspección de Trabajo puede actuar en los casos en los que se esté dando fraude», defendió ayer en su presentación Sira Rego, titular de Juventud. Según asegura, se quiere acabar «con prácticas que no tienen relación con estudios, becas que sustituyen puestos de trabajo o con el mismo trabajo que el resto de plantilla pero sin salario y sin protección. Se ha tolerado durante décadas, pero no es normal y ahora vamos a combatir esas prácticas de explotación disfrazadas de experiencia». Un motivo más de «coacción contra los empresarios, que acabaremos por no contratar becarios por miedo a las denuncias», advierten fuentes empresariales.
Esta ley incluye multas en tres tramos: de 7.501 a 30.000 euros en los casos leves, de 30.001 a 120.005 euros en la tipología media y de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo, referidas a "discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo", según reza el texto a aprobar. También serán consideradas infracciones muy graves "aquellas por circunstancias de sexo; origen, incluido el racial o étnico; estado civil; condición social; religión o convicciones; ideas políticas; orientación sexual; adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos; vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación".
Entre estas posibles irregularidades, el Ministerio ha puesto especial énfasis en señalar la "falta de relación entre los estudios y la práctica, la sustitución encubierta de trabajadores de plantilla, la realización del mismo trabajo que el personal de la empresa, la falta de tutorización o la asignación de tareas que exceden el ámbito de la práctica".
Además de la remuneración obligatoria, las empresas en las que los estudiantes desarrollen las actividades formativas también deberán compensar los gastos de los alumnos, en los términos previstos en el correspondiente convenio o acuerdo de cooperación, "por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención", detalla la ley.
La norma también recoge las obligaciones que tendrán que asumir los becarios, como "cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por su centro formativo, deberán incorporarse a la empresa en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma, así como desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la empresa, conforme a las líneas establecidas en el mismo". Asimismo, deberán cumplir con las indicaciones del tutor asignada por la empresa bajo la supervisión académica, respetar la confidencialidad o mantener una actitud respetuosa. Lo que no se ha establecido es ninguna sanción para el becario que incumpla sus obligaciones, salvo la rescisión del contrato.
Entre los periodos de formación práctica en la empresa finalmente se han incluido en el acuerdo las prácticas extracurriculares desarrolladas durante los estudios oficiales de grado máster universitario o, en su caso, doctorado. No obstante, estas prácticas extracurriculares no deberán superar el 15% de las horas en que se concreten los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Crédito) de la titulación ni 480 horas. También se han incluido las prácticas desarrolladas durante los estudios vinculados a títulos propios de las Universidades, cuando la suma total de prácticas curriculares y extracurriculares no supere el 25 por ciento de los créditos ECTS de la correspondiente titulación. Sin embargo, los títulos propios que tengan una duración mínima de 60 créditos ECTS tendrán la posibilidad de establecer prácticas por un periodo de 3 meses.
Al tener rango de Ley, esta iniciativa, que ha generado discrepancias internas en el Gobierno entre PSOE y Sumar, deberá ser tramitada por las Cortes Generales por lo que, tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo, su aprobación definitiva tiene un pronóstico cuando menos complicado, ya que no tiene los votos asegurados para su tramitación.