Manos Limpias advierte al TSJV de que ya hay pruebas para investigar a la jueza de la Dana
Manos Limpias vuelve sobre la querella por prevaricación que presentó el pasado verano contra la instructora de la causa de la Dana. Lo hace solo un día después de que la propia magistrada rechazase la nulidad del caso y su propia recusación.
El sindicato, que ejerce la acusación popular en la investigación judicial de la mortal tragedia, pide en un escrito de alegaciones dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), donde ella está aforada, que reabra actuaciones contra Nuria Ruiz Tobarra y su pareja, Jorge Martínez Rivera, también por un delito de intromisión o invasión de competencias.
La entidad de Miguel Bernad alude a que son dos víctimas más de la riada, que declararon para denunciar el fallecimiento de sus respectivos progenitores, las que han sido objeto de un interrogatorio por parte del marido de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.
Advierte en este sentido de que ya se cumple, a su parecer, la existencia de pruebas de estas presuntas irregularidades, después de que en noviembre la Sala de lo Civil y Penal rechazase su querella al entender que "no se aportaba ningún elemento" respecto a "la eventual participación del marido de la magistrada" en la instrucción.
Ahora, Manos Limpias entiende necesario que por parte del alto tribunal valenciano se revise la inadmisión que, en su momento, dictó. Martínez Rivera es titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia y, según esta parte, habría tenido una "participación ilícita" en varias vistas del caso, dirigiendo preguntas a los testigos y dando ordenes a los funcionarios de la Ciudad de Justicia valenciana.
El pasado 12 de noviembre, el TSJV confirmó la inadmisión de la querella que el sindicato presentó contra Tobarra, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, y aludiendo a la falta de "un principio de prueba que justificase la apertura de un procedimiento penal" por prevaricación y coacciones.
Además, la Sala aludía a que, si se pretende cuestionar la validez de ciertas diligencias de instrucción que obran incorporadas en las actuaciones, "sería exigible que previamente se cuestionaran en el propio proceso a través de los medios que ofrece nuestra legislación procesal" y no "tratar de hacerlo por esta vía paralela".