Qué es el Estatuto del Becario: los nuevos derechos y límites a los abusos en las prácticas que van camino del Congreso

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley conocido como ‘Estatuto del Becario’. Pactado hace más de dos años por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, sin el apoyo de los empresarios, el Gobierno manda así la legislación al Congreso de los Diputados para su tramitación, que se prevé muy complicada debido a las fuertes resistencias que enfrenta la norma en ciertas empresas y en los rectores de las universidades. Se trata de nuevos derechos para los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, así como más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios.

El Gobierno ha dado este martes su segunda luz verde a la regulación, tras la primera en el mes de noviembre, lo que dirige el proyecto de ley al Parlamento. Ayer, lunes, el Ministerio de Juventud liderado por Sira Rego presentó además un nuevo buzón de denuncia para que los becarios y becarias puedan denunciar irregularidades de manera anónima, que se comunicarán a la Inspección de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo cifra el colectivo de becarios y becarias en algo más de “1,7 millones de jóvenes en nuestro país”, en referencia a los estudiantes en prácticas sin remunerar dados de alta en los dos últimos años. “Un sector marcado por la precariedad y la falta de derechos. Eso es lo que vamos a solucionar hoy”, apuntan desde el departamento de Díaz.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha sostenido que la ley se enfrenta a “un acervo cultura potentísimo” de abuso y precariedad de los trabajadores jóvenes, normalizado durante décadas, por lo que ha sostenido que no solo hay que aprobar una ley, sino también “cambiar una cultura” de país.

Nuevos derechos para los estudiantes

El Estatuto del Becario (en realidad denominado Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en empresas, instituciones u organismos públicos o privados) regula nuevos derechos para los estudiantes, entre los que destacan la compensación de todos los gastos derivados de las prácticas, como por ejemplo en el transporte y la manutención.

Ahora, las empresas no tienen obligación en este sentido y solo hay una minoría de estudiantes que recibe alguna compensación económica por sus prácticas. Según los primeros datos disponibles, de 2024, en España había casi un millón de becarios que no cobran nada, el 80% del total. El texto también prohíbe explícitamente que los estudiantes tengan que pagar por hacer prácticas, una situación que ocurre en ocasiones, como denuncian los sindicatos.

Además, se regulan entre otros los derechos de los becarios a vacaciones y festivos como el resto de la plantilla, a la protección de su salud, y a todos los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo, como la restauración, zonas de descanso y aparcamientos.

También, el derecho a una “adecuada tutorización” de los estudiantes, con el objetivo de garantizar que las prácticas sean parte de la formación y aprendizaje de los jóvenes, y no un empleo sin los derechos de los trabajadores. Los tutores podrían tener un máximo de cinco estudiantes a cargo, o tres en el caso de las pequeñas empresas. En este sentido, la ley incluye la obligación de informar por escrito a la representación legal de la plantilla del número de becarios y de sus condiciones.

Más límites y sanciones ante abusos

Por otro lado, el proyecto de ley tiene entre sus principales objetivos “impedir el fraude” y los abusos en las prácticas, destacan en el Ministerio de Trabajo. “No pueden ser un refugio para evitar contratos laborales o tener trabajadores con contratos low cost”, insisten en el departamento de Díaz.

La norma regula nuevas restricciones en la utilización de estudiantes en prácticas por parte de las empresas y otras instituciones. Los becarios solo podrían suponer un 20% del total de trabajadores, aunque se permitiría en todo caso que haya dos, con la mirada puesta en que las pequeñas empresas también puedan ofrecer prácticas.

También se estipula un máximo de horas de prácticas que podrían realizar los estudiantes. Para las prácticas curriculares, no podrían superar el 25% de las horas que componen los créditos de la titulación. En el caso de los másteres y doctorados, el máximo se amplía al 33%.

Respecto a las prácticas no curriculares, aquellas que no forman parte del currículo educativo de los títulos formativos y que los sindicatos querían eliminar por considerarlas un foco generalizado del fraude de falsos becarios, el límite previsto es “del 15% de las horas” de la titulación, con un máximo en todo caso de “480 horas”.

El proyecto de ley precisa que “se presumirá que existe relación laboral”, es decir, que se trata de un trabajador y no de una persona becaria, “cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”.

El texto incluye también nuevas sanciones que podrá imponer la Inspección de Trabajo, como multas de hasta 7.500 euros por incumplir los nuevos derechos de los becarios y de hasta 225.000 euros para situaciones de discriminación que les afecten.