Seis detenidos tras los registros en Forestalia por una presunta trama de corrupción medioambiental en Teruel

La Guardia Civil ha intensificado este martes sus investigaciones contra Forestalia, en una operación que hasta ahora ha incluido 12 registros —diez en Madrid y dos en Zaragoza— y la detención de seis personas, entre ellas un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los agentes han registrado las oficinas de la sede central de la empresa en Zaragoza y el domicilio de su máximo responsable, Fernando Samper, así como otras instalaciones vinculadas a proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.

La operación, denominada Perserte, está dirigida por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), dependiente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), bajo la coordinación del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción de Teruel y la Fiscalía de Medio Ambiente de la misma ciudad. Hasta el momento se han realizado 12 registros —diez en Madrid y dos en Zaragoza— y se han detenido seis personas.

Durante el operativo, los investigadores detuvieron a una persona en Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Las pesquisas se centran en posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se trata de determinar si durante la tramitación de licencias para parques eólicos y fotovoltaicos se manipularon declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de permisos.

A lo largo de las inspecciones, los agentes han hallado aves electrocutadas y otros elementos que podrían poner en cuestión la viabilidad ambiental de algunas licencias. En Zaragoza, los registros afectan tanto a la sede de Forestalia como al domicilio de Samper y podrían involucrar a una veintena de empresas de energías renovables, incluido el clúster del Maestrazgo (Teruel), un proyecto eólico denunciado ante la Fiscalía de Aragón.

Hace tres meses, la UCO también registró las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid en otra investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas, que llevó a la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán y dueño de Servinabar. Desde la Guardia Civil no han confirmado si ambas operaciones están relacionadas.

Manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental

La investigación actual se centra en la posible manipulación de las DIA necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Los indicios apuntan a que un ex alto cargo del Ministerio habría podido influir irregularmente en la emisión de resoluciones ambientales, presuntamente a cambio de contraprestaciones económicas. Para mover y ocultar los fondos, los investigados habrían utilizado sociedades interpuestas y la intervención de un fedatario público.

La investigación apunta a que estas actuaciones habrían podido beneficiar a un grupo empresarial del sector de las energías renovables en la tramitación de proyectos ubicados en la provincia de Teruel. Según la investigación, el ex alto cargo investigado habría actuado presuntamente a cambio de una contraprestación económica. Para mover ese dinero y ocultar su origen, los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas, así como, presuntamente, a la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación.

Además, los investigadores examinan si la tramitación ambiental consideró adecuadamente los efectos sobre la fauna, como aves y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo. También se investiga una subvención de unos 17 millones de euros a la empresa Arapellet, afincada en Huesca, vinculada a la producción de energía.

Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas diligencias.