La Mesa del Congreso revisará en breve el expediente a Vito Quiles por grabar a Pedro Sánchez
La Mesa del Congreso tiene previsto abordar este mes de marzo el expediente abierto a Vito Quiles por haber grabado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de las instalaciones de la Cámara sin autorización previa.
Según han confirmado fuentes del Congreso a El Chivato, el procedimiento continúa en fase de instrucción y todavía no ha sido elevado al órgano de gobierno. “Siguen instruyéndose los expedientes. Creo que irá a una Mesa del Congreso de marzo y la semana que viene no hay”, trasladan desde el entorno parlamentario.
Un expediente en fase de instrucción en el Congreso
El procedimiento se encuentra actualmente en manos de un letrado del Congreso, encargado de analizar los hechos y elaborar un informe jurídico. Ese dictamen determinará si procede una sanción y qué medida podría aplicarse conforme al Reglamento del Congreso.
Fuentes del sector periodístico recuerdan que los representantes de los medios no intervienen en las decisiones sancionadoras. “Los periodistas no participamos en las deliberaciones ni decisiones sobre sanciones. Un letrado instruye el expediente y la Mesa decide según las normas aprobadas”, explican.
La resolución final corresponderá exclusivamente a la Mesa del Congreso de los Diputados, único órgano con competencia para imponer sanciones relacionadas con acreditaciones parlamentarias.
Grabación sin autorización a Pedro Sánchez
El origen del expediente se remonta al pasado mes de noviembre, cuando Vito Quiles grabó con su teléfono móvil a Pedro Sánchez en el interior del Congreso. La actuación fue denunciada por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) al considerar que vulneraba el nuevo marco normativo aprobado en 2025.
El Reglamento establece que solo reporteros gráficos y operadores acreditados pueden captar imágenes desde zonas habilitadas. Los redactores no pueden grabar fuera de esos supuestos autorizados.
Este caso se suma a otros expedientes recientes abiertos en la Cámara, lo que ha intensificado el debate sobre los límites de la actividad periodística en el Congreso.
El plazo máximo para resolver estos procedimientos es de seis meses desde su incoación. Hasta entonces, el expediente seguirá su tramitación conforme a lo previsto en el Reglamento, en un contexto de creciente debate sobre la regulación del trabajo informativo en sede parlamentaria.