El Supremo ordena la "ejecución forzosa" de la sentencia que obliga al Gobierno a regular la jubilación anticipada de los policías nacionales
El Tribunal Supremo ha iniciado el "procedimiento de ejecución forzosa de la sentencia firme que obliga al Gobierno a hacer efectiva la jubilación anticipada de los policías nacionales" y, de este modo, regular este derecho en condiciones de igualdad con otras policías del Estado.
Una decisión que llega después de que hayan transcurrido los plazos legales sin que se haya materializado el mandato judicial. Ante esta situación, el Supremo activa ahora el mecanismo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para forzar el cumplimiento de sus propias sentencias, un paso que evidencia la gravedad del incumplimiento. Así, requiere formalmente al Gobierno para que, en un plazo improrrogable de cinco días (cumplidos el pasado 3 de febrero), identifique el órgano responsable de ejecutar el fallo y detalle qué actuaciones concretas ha llevado a cabo para cumplir la resolución judicial.
Así lo han denunciado tanto el sindicato policial Jupol como Jusapol, que recuerdan que la sentencia del Supremo obligaba de forma clara al Ejecutivo a iniciar el procedimiento normativo y elaborar una disposición reglamentaria que permita aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a los policías nacionales integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, en igualdad con Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral y Policías Locales.
Porque, a su juicio, el Gobierno está dilatando de manera injustificada el reconocimiento de un derecho que ya ha sido declarado judicialmente. "Estamos ante un hecho gravísimo: el Tribunal Supremo ha tenido que intervenir de nuevo porque el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para cumplir una sentencia firme. No estamos hablando de una recomendación, sino de una obligación legal clara y directa", ha señalado el secretario general de este sindicato, Aarón Rivero.
Vulneración de los derechos de los policías
La sentencia, emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el pasado 21 de mayo de 2025 (Recurso 421/2024), estimaba el recurso interpuesto por Jupol contra la desestimación por silencio administrativo del Consejo de Ministros a la solicitud sindical para aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a estos agentes. El Alto Tribunal establece que dicha omisión constituye una vulneración del derecho a la igualdad, al tratar de forma desigual a los policías nacionales respecto a sus homólogos de la Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral y Policías Locales.
La sentencia en concreto declaraba la obligación del Gobierno "de iniciar el procedimiento y elaborar una disposición reglamentaria para la regulación de la jubilación anticipada para los miembros de la Policía Nacional encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social en condiciones de igualdad con el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales".
Según Rivero, "esta sentencia del Supremo es una victoria histórica para todos los policías nacionales que accedieron al Cuerpo a partir del 2011 y abre el camino para la consecución de la Jubilación Anticipada en las mismas condiciones que el resto de policías en España para todos los policías nacionales y guardias civiles. Se pone fin a una injusticia discriminatoria que nos dejaba fuera del derecho a jubilarnos en condiciones dignas como el resto de policías de España".
¿Qué pasa con las Clases Pasivas?
En este sentido, apunta que todos los policías nacionales, independientemente del régimen al que estén adscritos, merecen la misma protección, reconocimiento y jubilación. Por ello, "vamos a seguir trabajando para extender esta conquista también a nuestros compañeros en el régimen de Clases Pasivas", alega Rivero.
El secretario general de Jupol recuerda que la sentencia ya declaró que la falta de regulación de la jubilación anticipada vulnera el principio de igualdad, al dejar en peor situación a los policías nacionales frente a otras fuerzas policiales que sí tienen reconocida la condición de profesión de riesgo. "Cada mes que pasa sin aplicar esta sentencia es un mes más de discriminación, de desgaste físico y de injusticia para miles de compañeros que han dedicado su vida a proteger a los ciudadanos. El Supremo ya habló claro y ahora se tiene que cumplir", insiste.
"Nuestra profesión es de riesgo, lo dice el sentido común y ahora lo respalda la Justicia. No vamos a permitir que el Gobierno siga tratando a los policías nacionales como profesionales de segunda", ha añadido Rivero.