Vigencia del ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Al llegar José Antonio Kast a La Moneda, elegido Presidente con una mayoría importante, suenan las alarmas entre las organizaciones del amplio movimiento de mujeres, del amplio campo feminista existente en el país.
Si bien en su campaña electoral morigeró sus cuestionamientos al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, son conocidas sus opiniones emitidas, no sólo en su derrotada candidatura presidencial de 2021, en que manifestó su intención de cerrarlo, sino también en su reciente participación en foros de la ultraderecha europea, ante mandatarios que han conculcado y retrocedido en derechos de las mujeres y las diversidades de género y sexuales.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género constituye el pilar y el faro de un compromiso del conjunto de la sociedad con la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres. Nacido del movimiento de mujeres en su gesta democratizadora cuando, a fines de los años 80 voceaba en las calles “Democracia en el país y en la casa” y “Si la mujer no está, la democracia no va”, resistiendo a la represión de la dictadura cívico-militar. Fue comprometido por los partidos que conformaron la Concertación por la Democracia que llegaron con el Presidente Patricio Aylwin a La Moneda en 1990.
Las organizaciones de mujeres, en su más amplia diversidad, fueron claves en el triunfo del NO en el plebiscito de 1988, una tarea de hormigas para oponer convicción democrática ante las campañas del miedo instaladas por los sectores que apoyaban a Pinochet. Y si bien carecieron de una estrategia para posicionarse en el núcleo central que condujo la transición a la democracia y vieron con estupor que el primer gabinete ministerial estaba conformado sólo por hombres, expresión de la ardua tarea que tendrían, habían logrado insertar en el programa de gobierno la creación de una institucionalidad, al más alto nivel, que formulara políticas de igualdad para las mujeres, desde las modificaciones de una legislación antediluviana (Código Civil de 1855), hasta programas sociales en los territorios, cuando arreciaba la pobreza, agravada en los hogares encabezados por mujeres, campeaba el embarazo en niñas y adolescentes, irrumpía la violencia doméstica -un delito en el espacio privado- y era evidente el machismo en los partidos políticos y en las instituciones públicas y privadas que limitaban su participación política y social.
Junto al indiscutible rol de las organizaciones políticas y sociales de mujeres en la recuperación de la democracia, en un gesto de fin de gobierno autoritario, Chile había ratificado en 1989 la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979) y el nuevo gobierno debía presentar un primer informe sobre la situación de las mujeres al Comité que vigila el cumplimiento de dicha Convención. Tras 17 años de ausencia del concierto internacional, Chile recuperaba su vocación de participación en los organismos multilaterales.
Con un Congreso que incluía a senadores “institucionales”-designados- fue posible aprobar la ley que creó el Servicio Nacional de la Mujer -SERNAM-, apenas un servicio, con poco personal, poco presupuesto, limitado a la formulación de políticas públicas en un rol asesor, no ejecutivo, su directora nacional tuvo el rango de Ministra. Así llegó la primera mujer al gabinete ministerial de la transición.
Los temores de la centroderecha y la derecha se expresaron en la tensión y discusión relativa al lugar de las mujeres en la sociedad: ¿sólo en la familia? ¿manteniendo la tutela de la autoridad patriarcal? ¿se debilitaría el tejido social y la comunidad con este nuevo organismo?
Este 2025 se cumplieron 35 años de políticas públicas para la igualdad desde la tímida creación del SERNAM como institucionalidad rectora, que sigue siendo el pilar y el faro, habiendo resistido los embates que en el primer gobierno del Presidente Piñera quisieron rebajarlo a mera dependencia del Ministerio de Desarrollo Social reformado.
Porque el aporte sustantivo del SERNAM ha sido validar y legitimar el cambio cultural que bullía desde las raíces de la sociedad: el aporte y lugar de las mujeres democratizaba al país entero, la autonomía política, económica y social de las mujeres enriquecía a las familias y las comunidades, sin distinción de preferencias políticas o ideológicas: su incorporación al mercado de trabajo, su acceso a la educación superior, el florecimiento de liderazgos en todas las esferas de actividad del país así lo confirmaban.
La alianza transversal de mujeres, tanto de sus líderes y organizaciones sociales, como de parlamentarias y dirigentas políticas permitió, no sólo elevar el rango del SERNAM a Ministerio, sino aprobar una ley de representación equilibrada en el Parlamento destinada a cerrar las severas brechas de representación política, avanzando en la comprensión de que la gobernabilidad democrática debe considerar, ya no las cuotas, sino la paridad de género.
La elección de la Presidenta Bachelet en 2006 fue tanto una expresión de ese cambio cultural gestado en las raíces, como el respaldo a una fuerza que lideró la consagración en leyes e instituciones de una suerte de “nuevo pacto social” entre mujeres y hombres, que requiere permanente revisión, actualización y profundización, al ritmo de los cambios económicos políticos y sociales que viven en el país y el mundo entero. Hay un antes y un después y, sin duda, el segundo mandato de la Presidenta Bachelet expresa bien esa nueva etapa, siempre tensionada y exigida desde los movimientos sociales, desde sectores medios deseosos de beneficiarse de las promesas del desarrollo, desde grupos que descubren los límites de la igualdad prometida y que reclaman otras discriminaciones específicas de su condición, fuera de su condición socio-económica, de género, de etnia, de condición de discapacidad.
A 35 años de la instalación de las políticas de igualdad en Chile, los indicadores muestran avances muy importantes -no suficientes- pero que han cambiado la vida de las mujeres, de las familias y también de los hombres, en términos objetivos y subjetivos: en la participación laboral, en los ingresos, en el acceso a la educación, a la salud reproductiva, en la fecundidad adolescente, entre muchos. Lograr estos avances ha encontrado muchas barreras, algunos han demorado muchos años, como fue el reconocimiento constitucional de la igualdad ante la ley que tomó 9 años (1999), la ley de divorcio vincular, 14 años (2004), la penalización de la violencia intrafamiliar lograda recién en 2005 (Ley 20.066) y sólo en 2025 con un abordaje integral.
Un reciente análisis de este período contabiliza 120 leyes y marcos de políticas que mejoran las condición de las mujeres y avanzan en igualdad, con presencia en todos los gobiernos del período, independiente de su color político, con mayor número en los gobiernos de Ricardo Lagos -de 6 años de duración-, de Michelle Bachelet, sobresaliendo el actual gobierno del Presidente Boric.
Si bien en algunos ámbitos Chile ha ido a la saga de otros países de la región, actualmente destaca en el concierto internacional donde juega un rol de liderazgo en numerosos ámbitos, con procesos en curso cuyos resultados e impactos no son inmediatos.
Al conmemorarse 30 años de la aprobación de la Declaración y la Plataforma de Acción Mundial aprobadas en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, China, en 1995, el balance es positivo, tanto en lo referido a contar con una institucionalidad para la Igualdad -el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género- fuerte, con liderazgo técnico y político, como en la incorporación de la transversalización de la igualdad entre mujeres y hombres en todas las instituciones y políticas públicas. Porque la construcción de la igualdad y la eliminación de la discriminación por razones de género requiere de una acción basada en evidencia, en la investigación, en la producción de conocimientos, en la formación de capital humano y en la especialización y ello se debe traducir en una red de actorías en todas las estructuras del Estado, en los niveles nacional, regional y local. De hecho, la experiencia revela que buenas políticas pueden implementarse de mala manera, torciendo el sentido y los objetivos que le dieron origen, por desconocimiento o por resistencia al cambio. Y cuando el Estado, a través de su legislación, ha establecido derechos para la ciudadanía, debe operar con la debida diligencia para que toda la población pueda ejercerlos. Porque las políticas de igualdad entre mujeres y hombres tensionan la cultura institucional y las relaciones de poder en los organismos públicos y también privados.
Por ello, no hay garantía en esta transformación socio-cultural, los derechos de las mujeres están siempre en riesgo de retroceso al subvertir el orden patriarcal que nos legaron tanto en la conquista y el mestizaje de América Latina como en la construcción del Estado-Nación, basado en la división sexual del trabajo que cómodamente entrega el poder a los varones, asignando a las mujeres el espacio privado con la realización de las tareas de cuidado y de reproducción social y reservando para ellos el espacio público, la política, el mercado, la producción de conocimientos y la Historia.
Las metas de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad mantienen una vigencia especial para la mujeres de hoy y constituyen un desafío permanente de construcción. En base a ellos las mujeres y las organizaciones feministas demandan y definen agendas políticas y sociales para alcanzar dichas metas en la vida cotidiana de todas las mujeres.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se mantiene, entonces, como pilar del compromiso de las sociedad toda con la igualdad y como faro que ilumina los avances y el horizonte a alcanzar. Las acusaciones de sesgo ideológico que se hacen a esta institucionalidad chocan con los avances y mejoras que logran cientos de miles de mujeres en el país y también con aquellos nudos que aún persisten en nuestra cultura patriarcal y que tienen su expresión más brutal en la violencia basada en el género que viven una de cada tres mujeres en el país, según los resultados de la última Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres (ENVCM 2024).
Los riesgos que enfrenta hoy día el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género con el cambio de gobierno se remiten a sus prioridades políticas: puede haber una voluntad política refractaria, reducción de los recursos presupuestarios y humanos del Ministerio y la red de la institucionalidad para la igualdad -incluidas las encargadas de género en Ministerios, Servicios, etc.- , eliminación del lenguaje inclusivo en el discurso público y en el lenguaje administrativo, desconocimiento e invisibilidad de las discriminaciones y problemas que persisten, pero no podrá acallar a las mujeres y sus organizaciones que, más allá de su diversidad y heterogeneidad, saben que tienen derechos a defender, otros por conquistar, y que el Estado debe actual con diligencia en el respeto a los mismos.