Una empleada del hogar, B.,
solicitó que se le reconociera una incapacidad permanente absoluta o, de forma subsidiaria, pero la Seguridad Social se lo denegó al considerar que los motivos alegados no eran suficientes para impedirle desempeñar su trabajo. En 2022, la trabajadora inició una incapacidad temporal que se prolongó hasta mediados de 2023. Cuando se reincorporó al trabajo, empezó a valorar la posibilidad de solicitar la incapacidad permanente.
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