El Gobierno se mantiene en sus trece de imponerles a las comunidades autónomas la Ley que reduce las ratios -número de alumnos por clase- y fija un tope a la jornada lectiva de los docentes en toda España , y cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado noviembre. La iniciativa legislativa no fue bien recibida por la Junta de Andalucía ni por la enseñanza concertada: la Administración autonómica se queja de que no ha existido negociación alguna con gobiernos regionales ni está previsto un acompañamiento financiero para que las comunidades pongan en marcha estas medidas, al punto de que llega a acusar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de «deslealtad» institucional. La postura de la Junta...
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