¿Refuerza o debilita la autoridad docente? El debate que abre la prohibición de celulares en aulas

La entrada en vigencia de la ley que prohíbe y regula el uso de celulares en establecimientos educacionales abrió un nuevo debate en las comunidades escolares: cómo impactará esta normativa en el rol de los docentes dentro de la sala de clases.

Mientras desde el sistema educativo se busca reducir distracciones y mejorar la concentración de los estudiantes, profesores y especialistas advierten que la forma en que se implemente la medida será clave para evitar tensiones innecesarias y eventuales efectos sobre la autoridad pedagógica.

El tema cobró relevancia luego de que se interpretaran algunas declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como una posible restricción también para adultos dentro del aula, lo que generó inquietud entre profesores y sus organizaciones. No obstante, por medio de una circular de la Superintendencia de Educación, se aclaró que la normativa está dirigida principalmente a los estudiantes y su aplicación concreta dependerá de los reglamentos elaborados por cada colegio.

Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar, consultado por Radio y Diario Universidad de Chile, cuestionó esa interpretación, señalando que la norma no debería impedir que los docentes utilicen dispositivos móviles cuando estos cumplen funciones laborales o pedagógicas.

“Creemos que la norma resultaría absurdo interpretarla de modo tal que los docentes deberían dejar su dispositivo en una cajita. Porque hay muchísimos ejemplos del uso pedagógico y de tipo laboral que se requieren con los dispositivos, protocolos que se activan a través de mensajes de WhatsApp, situaciones que se manejan a través de comunicación por estos dispositivos”, afirmó.

El dirigente gremial insistió en que “es una interpretación muy inadecuada e incorrecta de la ley”. Asimismo, agregó que espera que “en los reglamentos escolares, que deben hacerse cargo de la interpretación adecuada de la ley, se establezca cuál es el uso, que los adultos, en este caso profesores y profesoras, si pueden seguir dando uso de dispositivos dentro de la sala de clases”.

Autoridad docente

En torno a la discusión sobre cómo podría afectar la norma a la autoridad de los profesores en el aula, consultada por nuestro medio, la investigadora Marcela Jarpa, del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), parte abordando los posibles efectos positivos en el trabajo docente, especialmente en términos de concentración de los estudiantes.

A su juicio, el hecho de que la normativa establezca reglas claras puede reforzar acuerdos que ya existían informalmente en muchas aulas. “Este espacio de cuidado respecto del uso del celular promueve fundamentalmente la concentración y la atención adentro de la sala de clase”, explicó.

Sin embargo, advirtió que la medida también puede abrir un nuevo foco de tensión para los profesores. “Puede generarse un nuevo espacio de conflicto donde el profesor es el que decide o el que toma la decisión final de quitar o no quitar un celular”, ejemplificó, recordando que en el contexto escolar no es inusual que las normas institucionales sean cuestionadas por estudiantes o apoderados.

Ese escenario podría colocar al docente en una posición compleja: actuar como mediador entre la norma y su cumplimiento. “Es un factor que se suma a otros que ya tensionan la relación con los estudiantes y con los apoderados”, agregó la académica.

Jarpa también enfatizó que la discusión pública ha tendido a confundir los roles dentro del aula. “Lo primero es no poner a los estudiantes al mismo nivel que los profesores”, planteó, recordando que existe una relación pedagógica asimétrica entre ambos.

En esa línea, insistió en que el uso del celular por parte de los docentes no debería equipararse al de los alumnos, especialmente cuando responde a fines pedagógicos. Tras la pandemia, explicó, muchos profesores comenzaron a incorporar herramientas digitales —como lectura de códigos QR o encuestas en línea— en sus estrategias de enseñanza.

“El uso del celular para fines personales es una cosa y el uso para fines pedagógicos es otra”, recalcó Jarpa, subrayando que el aula es ante todo “un espacio pedagógico donde el profesor pone su profesionalismo y su ética”.

Implementación y sentido de la norma

Una mirada complementaria entregó Verónica López, directora del Centro Eduinclusiva, quien coincidió en que el impacto real de la ley dependerá menos del texto legal que de su implementación en cada comunidad educativa.

“La prohibición no es una prohibición absoluta. Puede haber uso pedagógico y acuerdos previos”, recordó, señalando que serán los equipos docentes y directivos quienes deberán definir cómo aplicar la normativa en la práctica.

Desde esa perspectiva, López manifestó que una ley por sí sola no necesariamente generará cambios positivos si no se construye un sentido compartido de la norma. “El desafío tiene mucho que ver con construir conjuntamente el sentido de la regulación”, sostuvo, incorporando también a las familias en ese proceso.

“Hay evidencia de usos pedagógicos de los dispositivos móviles que muchos colegios ya tienen, ya venían implementando. Entonces, ¿cómo va a operar eso? El desafío, entonces, tiene mucho que ver con poder construir conjuntamente un sentido de la norma. ¿Cuál es el sentido? Y que eso quede como bien consensuado y aclarado”, remarcó.

En esa línea, también aportó un elemento más para colocar sobre la mesa: la formación docente. “Todo apunta a que debiera ser incorporado con gradualidad, la ley debiera haber incorporado probablemente formación docente. Y si no lo incorporó, igual es algo que el próximo gobierno puede hacer, porque necesitamos curricularizar la toma de conciencia y la formación ética, la ética digital y en la ciudadanía digital”, detalló.

En el debate sobre el rol del profesor, López coincide con las apreciaciones de Jarpa. Dependiendo de cómo se aplique la medida, expresó, esta podría tener efectos distintos en la autoridad docente.

Por un lado, Verónica López aseguró que la medida podría fortalecer la autoridad del profesorado si “el docente deja de competir, por ejemplo, con el flujo constante de estímulos del teléfono”. Pero también existe el riesgo contrario, aseguró.

“Puede debilitarla si el docente queda convertido en el inspector de policía del dispositivo. Desplazando, entonces, su rol pedagógico”, indicó.

Por ello, la investigadora enfatiza que la implementación debe ser colegiada y acompañada por los equipos directivos. “La manera en que un profesor —junto a su comunidad educativa— construya esta regulación será clave”, señaló.