El monopolio
El obradorismo asume que el gobierno ha de hacer la mayoría de las cosas. Desde proveeduría de servicios hasta generación de riqueza, el peso y la centralidad burocrática son una misión. Y sobre los procesos electorales creen lo mismo: su partido como único eje.
Desde hace años el régimen vive una especie de resignación activa. Cuando en 2018 arribó al poder, Morena comenzó a desmontar instituciones y organismos que, en su punto de vista, debilitaban el mencionado rol del gobierno.
Aunque al respecto se habla mucho de entidades como la reguladora de energía o la de competencia, y ya no digamos las de acceso a la información y transparencia, el mejor ejemplo de esa pulsión, casi obsesiva, estuvo y está en el abasto médico.
López Obrador no reparó en consecuencia alguna antes de ordenar desmantelar un sistema imperfecto. Siete años después, Claudia Sheinbaum aún batalla para instalar un mecanismo funcional de compra y distribución de medicinas en el sector público.
Es importante notar que el cambio sexenal no supuso corrección en el sentido de revisar o empezar de cero. Ello resulta imposible: porque el punto de partida de ambos gobiernos obradoristas es idéntico: los privados –piensan– no tendrían por qué meterse en esto.
Así que estamos en una transición. En el sector de los medicamentos lo que pretende el gobierno es ir sustituyendo a los privados. El hecho de que en este sexenio el ISSSTE recompre hospitales por los que pagaba en el formato APP es una prueba de ello. No la única.
Porque funcionan en dos pistas. Sí, se han hecho esfuerzos para solucionar la raquítica cobertura que dejó AMLO, pero no se emplean en esa tarea todas las capacidades. O más bien, se emplean si y solo si al mismo tiempo supone hacer cosas para desplazar privados.
El gobierno busca que pronto sus contratos con compañías que le surten de medicina sean menos. Y está dispuesto a dejar vivir a parte de esa industria mientras intenta construir sus propias capacidades y lleva ese mercado hacia un esquema, por ejemplo, como el de la CFE.
La Comisión Federal de Electricidad tiene ya por ley la garantía de que 54 por ciento de la generación le corresponde en exclusiva. Esto no significa que el gobierno esté resignado a quedarse con ese porcentaje apenas mayoritario. En su lógica es un piso, no un techo.
Y, al igual que en el abasto médico, los proyectos que la CFE emprenda con privados son tendientes no solo a surtir las necesidades inmediatas y futuras de energía, sino –con el mismo afán– a dotar al gobierno de más activos. Es decir, a depender menos de la IP.
De esa forma, los contratos públicos tendrán la vocación de, años o lustros después, dejar para el Estado empresas que funcionaron o nacieron gracias al erario. Eso quiere el obradorismo y es otra discusión si, sin privados, el gobierno será más o menos eficiente.
La reforma electoral es un intento de lo mismo. Si el PVEM –ejemplo inmejorable, este sí, de negocio privado al amparo del erario– pensó que el obradorismo le iba a dejar ser su aliado a largo plazo, olvidó con quién se metía: un partido con nostalgias totalmente estatistas.
El obradorismo asume que por el gobierno y por su partido ha de pasar toda la actividad pública. Los privados, los opositores e incluso los aliados serán marginales o no serán.