El PP se adelanta al Gobierno y presenta un plan antiinflacionario con rebajas fiscales y ayudas a las familias
El Partido Popular ha remitido ya al Gobierno sus propuestas con rebajas fiscales y medidas energéticas para paliar los efectos de la guerra en Irán, entre las que destaca una revalorización del poder adquisitivo de los españoles y de las familias con hijos, a través del IRPF, así como medidas coyunturales para contrarrestar la subida del precio de la energía, tanto en los hogares como en la industria. Además, propone medidas para las empresas electrointensivas y una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, "clave para dos sectores estratégicos cuya dependencia del combustible es muy elevada y que con más intensidad puede padecer los efectos de una subida del carburante", explicaron desde el PP.
Los populares han anunciado que llevarán al Parlamento estas medidas -algunas de las cuales ya anticipó Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes-. De momento, han registrado hoy una proposición no de Ley en el Congreso y una moción en el Senado con las citadas propuestas y han confirmado que van a enviar el plan a los grupos parlamentarios para "su análisis y posible enriquecimiento". Su intención es que se vote la próxima semana en el Senado, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta, mientras que en el Congreso tendrán un termómetro de lo que piensan los distintos grupos parlamentarios de su proposición no de ley, en aras a buscar una respuesta consensuada ante la crisis de precios coyuntural.
Fuentes de Génova consultadas por LA RAZÓN explicaron que no está prevista ninguna reunión con el Gobierno porque "ni ellos ni nosotros estamos para fotitos, dadas las circunstancias, pero tienen nuestras ideas a su disposición. La nuestra es una propuesta sensata y urgente". También insisten en que el Consejo de Ministros ha perdido "una oportunidad importantísima" de tomar medidas para "paliar la subida de la de la luz y la subida del gasóleo" como han hecho "otros países europeos", como Portugal o Italia.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado este miércoles que "si la situación se complica" como consecuencia del conflicto en Oriente Medio pedirá la desactivación de las reglas fiscales europeas, que supone que los Estados no tengan que cumplir los objetivos de déficit y deuda. La Comisión Europea ya desactivó las reglas fiscales con motivo de la pandemia de coronavirus, lo que permitió que los Estados miembros no tuvieran que someterse a unos objetivos de déficit y deuda ni, por lo tanto, fueran sancionados por desviarse de estos en un momento en que tuvieron que incrementar el gasto público para hacer frente a las necesidades sanitarias y para sostener el tejido productivo. Montero justifica la nueva petición de desactivación de las reglas en que el Gobierno "pondrá en marcha un paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra", lo que podría afectar a las cuentas públicas.
En detalle, la propuestas del PP pasan por una rebaja del IVA del precio de la luz y del gas del 21% al 10% durante un plazo ampliable de tres meses. La medida es extensible al hueso de aceituna, briquetas y procedentes de la biomasa y a la madera para leña, así como a la gasolina, gasóleo y gasóleo agrícola y su prórroga se decidiría "en función de la evolución" de los precios. También quiere aprobar una bonificación extraordinaria equivalente al 11% del precio del litro en la adquisición de combustibles de automoción y agrarios por otro plazo de tres meses ampliables. Los sectores beneficiados serían el transporte de mercancías y viajeros, el autotaxi, y motores agrícolas forestales, de embarcaciones y maquinaria empleada en agricultura, horticultura, ganadería, silvicultura, pesca y embarcaciones "siempre que no sean de recreo".
Para la adecuada implementación de esta medida, el PP plantea que el Gobierno habilite "un sistema de gestión ágil, preferiblemente mediante la devolución mensual de las cuantías bonificadas a través de la Agencia Tributaria, utilizando como base las tarjetas de suministro profesional o las facturas debidamente acreditadas para aquellos subsectores que no dispongan de tarjeta específica". También pretende abordar la supresión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (Ivpee), que, según fuentes populares, "significaría un descuento de entre un 3% y un 4% del precio final del recibo".
Por otro lado, Génova pone encima de la mesa la posibilidad de establecer "una bonificación permanente" de un 80% en el coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad que tienen que asumir las empresas que cuentan con el certificado de consumidor electrointensivo, y quiere revisar el mecanismo de compensación a las industrias en riesgo de fuga de carbono, modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos "para asegurar que las industrias en España puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo"; y convocar la subasta de cogeneración hasta 1.200 megavatios de potencia en el primer semestre de 2026. Apuesta por modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos "para asegurar que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones incrementando la dotación presupuestaria para las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos de derechos de emisión de CO2, conforme a lo permitido por la Directiva Europea, y una reducción para el sector industrial de los costes por servicios de ajuste del sistema eléctrico en la cuantía que exceda los pagos que se realizaban antes del apagón general del 28 de abril de 2025.
Asimismo,, la oposición quiere "devolver parte del esfuerzo fiscal realizado por las familias españolas en los últimos años mediante la actualización de los parámetros del IRPF. Para hacerlo, plantea situar el mínimo personal en 6.105 euros anuales con carácter general, y duplicar los mínimos por descendientes, quedando fijados en 4.800 euros anuales por el primer hijo, 5.400 euros anuales por el segundo, 8.000 euros anuales por el tercero, y 9.000 euros anuales por el cuarto y siguientes. También propone "deflactar de forma escalonada de los tramos de la tarifa del IRPF, incrementado en un 10% el primer tramo de la base liquidable hasta situarse en 13.695 euros; subiendo un 5% el segundo hasta situarse en los 21.210 euros, y elevando en un 3% para el tercer tramo de la base liquidable hasta situarse en los 36.256 euros. El PP busca así un impacto directo en las clases medias y bajas, si bien todos los contribuyentes se verían beneficiados por esta medida.
El PP considera que se debe "actualizar en un 2,7% para el periodo impositivo de 2026 los restantes límites máximos y umbrales de renta, base o magnitud equivalente previstos en la normativa estatal del IRPF que, estando expresados en euros, condicionen el acceso, la aplicación, la cuantificación o el mantenimiento de reducciones, deducciones, exenciones, compensaciones o cualesquiera otros beneficios fiscales, cuando su falta de actualización pudiera erosionar la capacidad económica real del contribuyente". Además, pretende que, con efectos desde el 1 de enero de 2O26, se adapten las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF aplicables a los rendimientos del trabajo, "a fin de que el ahorro fiscal derivado de estas medidas tenga un impacto automático e inmediato en la economía familiar y se refleje directamente en la nómina de los trabajadores".
Estos retoques en el IRPF afectarían a 16 millones de contribuyentes a los que se les "devolverían" 3.200 millones de euros, siendo la clase media la que "concentra el 70% del beneficio" con "2.300 millones de devolución". La estimación inicial es un impacto de unos 200 euros de media por contribuyente, según el PP, que eleva a 900 euros anuales el impacto positivo para familias formadas dos adultos y dos hijos, siempre y cuando las medidas de energía se prolonguen durante todo un año.