La promesa del espectro y las licitaciones a 13 años de la reforma en telecomunicaciones
El 11 de marzo de 2013 el Ejecutivo federal, derivado del “Pacto Por México”, presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que redefiniría el sector en México. Entre sus objetivos centrales se encontraba fortalecer las reglas para la asignación del espectro radioeléctrico que promovieran competencia efectiva.
La iniciativa estableció que las concesiones para uso comercial en telecomunicaciones y radiodifusión debían otorgarse mediante licitación pública para garantizar transparencia, fomentar la participación y asegurar que el acceso a las frecuencias respondiera a criterios de eficiencia y competencia.
En consecuencia, la licitación no debía entenderse como un simple instrumento administrativo, sino como una herramienta regulatoria para ampliar la participación en el mercado y fortalecer el desarrollo competitivo de las telecomunicaciones.
Trece años después, el balance de este modelo ofrece elementos para evaluar sus resultados.
Durante el periodo de funcionamiento del órgano regulador autónomo se llevaron a cabo 11 licitaciones de espectro radioeléctrico, pero no todas fueron exitosas.
La combinación de precios de salida elevados, obligaciones regulatorias exigentes y un mercado con una estructura concentrada redujo en diversos casos el número de participantes potenciales. En la práctica, varios procesos de licitación se desarrollaron con la participación de pocos actores y otros fueron declarados desiertos.
Esta dinámica se hizo particularmente visible en los intentos por habilitar espectro para tecnologías 5G. El último proceso licitatorio para el servicio de acceso inalámbrico concebido como un intento para asignar espectro destinado a servicios 5G en el país, terminó siendo cancelado.
La cancelación de este proceso dejó pendiente la asignación de bandas relevantes para el desarrollo de redes 5G. Más allá de sus efectos inmediatos, el episodio evidenció la complejidad que enfrentan las políticas de espectro cuando confluyen factores económicos, regulatorios e institucionales. Las licitaciones requieren condiciones de mercado viables, pero también estabilidad institucional para generar confianza entre los participantes.
La transición hacia una nueva arquitectura regulatoria abre ahora una etapa distinta. Con la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la agenda del espectro ocupa un lugar central en la política pública del sector.
El nuevo órgano enfrenta el reto de retomar la planeación y asignación de frecuencias en un entorno caracterizado por el crecimiento del tráfico de datos, la expansión de tecnologías 5G y la aparición de nuevos modelos de negocios.
Este enfoque resulta relevante si se considera que la demanda de espectro ya no proviene exclusivamente de los operadores móviles tradicionales. Sectores industriales, complejos logísticos y corredores productivos comienzan a requerir redes privadas de baja latencia y alta confiabilidad para habilitar procesos automatizados, sensores industriales y aplicaciones avanzadas de conectividad.
Paralelamente, tecnologías como los enlaces de microondas continúan desempeñando un papel esencial en la arquitectura de las redes de telecomunicaciones, especialmente para la interconexión de estaciones base y la expansión de cobertura en zonas donde el despliegue de fibra óptica resulta más complejo. La disponibilidad de espectro para estos servicios sigue siendo un componente clave para el funcionamiento de la infraestructura digital del país.
En este contexto concluye el diálogo convocado por la CRT para analizar la habilitación de bandas destinadas a servicios 5G. Las Mesas de Diálogo sobre 5G, que cerrarán el 13 de marzo de 2026, buscan recabar insumos del sector sobre las condiciones regulatorias necesarias para ampliar el acceso a esta tecnología.
El ejercicio busca revisar el diseño de futuras licitaciones con base en la experiencia acumulada en la última década. Si la reforma constitucional de 2013 tuvo como eje promover la concurrencia en el acceso al espectro, el reto ahora es diseñar procesos regulatorios que atraigan a más participantes y habiliten nuevos modelos de conectividad.
Trece años después de aquella iniciativa, el debate sobre la política de espectro sigue abierto.
Las licitaciones se mantienen como el instrumento constitucional para asignar frecuencias comerciales, aunque su efectividad dependerá de que el nuevo marco regulatorio incorpore mecanismos que amplíen la participación y faciliten el despliegue de tecnologías como 5G.
La apertura de un nuevo proceso de diálogo regulatorio refleja que el sector atraviesa una etapa de redefinición.
En esa transición se juega, en buena medida, la posibilidad de concretar la promesa de mayor concurrencia y habilitar nuevos usos que impulsen el crecimiento económico más de una década después de la reforma constitucional de telecomunicaciones.