Revisión del T-MEC: una vista desde Washington
Mucho se ha escrito acerca del proceso de revisión del tratado a partir de la inclusión de una cláusula de revisión periódica, única en cualquier tratado de libre comercio.
EU y México inician discusiones bilaterales esta semana, lo cual ha sido bien recibido por los mercados y la opinión especializada con la expectativa de lograr una revisión exitosa y la extensión del tratado por otros 16 años. Este escenario, posible pero poco probable, ofrecería una base de certeza única para Norteamérica en tiempos de desbalances y fricciones en el concierto comercial internacional.
Existen varios escenarios de desenlace de este proceso (ratificación, renegociación profunda o denuncia y celebración de acuerdos bilaterales), que poco se han analizado en el país a la luz de las leyes y la regulación aplicables en EU.
Para el primer escenario (un ejercicio exitoso de revisión y extensión) bastaría la confirmación del presidente Trump a su Congreso para que el tratado continuara en sus términos.
La Ley de Implementación del propio tratado establece requisitos de consulta (que han sido ya llevados a cabo), sin especificar expresamente que el Congreso deba votar para aprobar la extensión. Si no se requieren cambios a la legislación estadounidense, el Ejecutivo podría proceder sin legislación implementadora adicional, basándose en la autoridad delegada en la ley de implementación original.
El USTR ha indicado que las deficiencias del tratado son tales que una simple ratificación no es del interés nacional en EU. Esta posición sugiere que la administración Trump 2.0 podría considerar necesario abordar con mayor profundidad temas como las reglas de origen (incluyendo origen de las inversiones y las tecnologías con dedicatoria a China), disposiciones laborales, comercio digital, propiedad intelectual y mecanismos de solución de controversias, entre otros.
Un escenario de renegociación profunda que involucrara modificar capítulos sustantivos activaría disposiciones regulatorias significativas en EU.
En este sentido, cualquier revisión que implique modificaciones a la legislación estadounidense necesitaría que el Congreso promulgara legislación de implementación. El problema actual es que la Autoridad de Promoción Comercial (TPA), que permite consideración expedita de acuerdos comerciales, expiró en julio de 2021. Sin TPA, el Congreso podría asumir un rol más activo en las negociaciones, pudiendo introducir enmiendas y extender los plazos de deliberación. Los acuerdos que modifiquen barreras no arancelarias y requieran cambios legislativos tendrían que procesarse mediante legislación aprobada por mayoría simple en ambas cámaras. Este escenario presenta riesgos de politización del proceso, particularmente en un contexto de división partidista y un año de elecciones de medio término, pudiendo prolongar los tiempos de aprobación y generar incertidumbre para inversionistas y empresas que dependen del marco preferencial del tratado; todo ello podría resultar en patear el ejercicio hasta 2027.
El tratado permite a cualquier parte retirarse mediante notificación escrita con 6 meses de anticipación. Esta alternativa representa el escenario más disruptivo para el comercio norteamericano eliminando el marco preferencial trilateral.
La denuncia (retiro) del tratado por parte de EU a partir de una decisión presidencial sin pasar por el Congreso podría presentar un escenario controversial desde el punto de vista legal. Si el Congreso se opusiera expresamente a la terminación, un retiro presidencial unilateral podría enfrentar impugnaciones y generar un riesgo de crisis constitucional.
En relación con el reemplazo del tratado por acuerdos bilaterales, el Congreso tiene autoridad constitucional exclusiva para regular el comercio con naciones extranjeras. Sin TPA vigente, cualquier nuevo acuerdo enfrentaría un proceso legislativo potencialmente más complejo y prolongado.
Las negociaciones paralelas con México y Canadá podrían duplicar esfuerzos administrativos y generar inconsistencias regulatorias entre ambos acuerdos afectando economías de escala de un marco comercial integrado con el riesgo de un vacío regulatorio entre la conclusión del tratado actual y la entrada en vigor de los bilaterales.
La revisión del tratado presenta un escenario sin precedentes en la política comercial estadounidense y norteamericana en una coyuntura político-electoral en EU que podría agregar elementos de complejidad legal desde Washington.